La continuidad en el Poder Judicial de la magistrada Ana María Figueroa quedó en manos del Senado, que deberá tratar y aprobar su pliego en el recinto, en lo posible durante las próximas tres semanas, para que pueda seguir ejerciendo durante otros cinco años.
Se trata de la titular de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, encargado entre otras cosas de revisar las sentencias de los Tribunales Orales, y que constituye la instancia que antecede a la Corte Suprema de Justicia. La permanencia de la camarista Figueroa se encuentra en el centro de las miradas por ser una de las juezas que deben decidir si se realizan o no los juicios orales en dos causas donde la principal acusada es Cristina Kirchner: memorando con Irán y Hotesur-Los Sauces, donde también están involucrados sus hijos, Máximo y Florencia.
El próximo 9 de agosto, Figueroa cumplirá 75 años, edad establecida por la Constitución como límite para ejercer la magistratura. En abril de este año, el presidente Alberto Fernández impulsó su pliego a la Comisión de Acuerdos del Senado donde semanas atrás obtuvo dictamen favorable, la decisión de su continuidad recayó en la Cámara alta, cuya sesión de esta semana fracasó.
No obstante, y de reanudarse la actividad legislativa en los próximos días, luego de la feria judicial de invierno, podría discutirse su designación, sin embargo la expectativa es muy baja: el Senado logró reunirse después de cuatro meses y, aun así, no logró el quórum para dar acuerdo. Con ese panorama, la jueza Figueroa quedó más cerca de tramitar su jubilación que de continuar por otros cinco años en su despacho del primer piso en Comodoro Py. Fuentes judiciales aseguran que Figueroa ya tiene emitidos sus votos en las causas donde fue sobreseída la vicepresidenta y se espera que el fallo salga no bien se reanude la actividad judicial. Para que ambos expedientes se reabran y se proceda a realizar sus juicios orales, el voto de Figueroa en la resolución debe coincidir con un fundamento similar que el de sus pares de la Sala I, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.
En caso de no ocurrir ese escenario y ya habiendo pasado el 9 de agosto sin que el Senado apruebe su continuidad, la casación deberá convocar a un tercer magistrado que tendrá que analizar las grabaciones de las audiencias orales realizadas hace ya varios meses y emitir su pronunciamiento; la consecuencia directa a lo anterior es la dilación de la decisión.
