La Corte Suprema bonaerense resolvió licenciar por un plazo de 120 días al fiscal General de San Isidro, Julio Novo, sus dos adjuntos, Rodrigo Fernando Caro y Eduardo Marcelo Vaiani por su presunto encubrimiento del cartel colombiano del Norte del Valle.
Los magistrados requirieron que la procuradora general de la provincia, María del Carmen Falbo, realice "sumarios administrativos" a Melisa Fernanda Rey, secretaria de la Fiscalía de Cámara de San Isidro, y a la secretaria judicial Mariana Busse -esposa del abogado Carlos Broitman, defensor de los hermanos Juliá, detenidos en Barcelona por tráfico de cocaína colombiana-. También estableció que sus suspensiones "hasta el pronunciamiento definitivo en el proceso penal al cual se encuentran sometidas”
Según pudo conocer el diario PERFIL, en base a fuentes judiciales, el objetivo de Novo y sus funcionarios de confianza habría sido que el fiscal Luis Angelini, que investigaba desde 2008 los crímenes de tres colombianos, no pudiera conectar los asesinatos con el cartel. Angelini encontró una conexión de los supuestos sicarios con el argentino Gustavo Juliá, dueño de una empresa de aviones privados.
Angelini también había llegado a la empresa Madero Office Center SRL, en Puerto Madero. Poco tiempo después esa firma quedaría vinculada al tráfico de efedrina y el triple crimen de General Rodríguez.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado había citado a indagatoria al jefe de los fiscales de San Isidro, Novo, y a su equipo, quienes fueron acusado por el fiscal federal Fernando Domínguez de encubrir supuestamente una red de narcotráfico en la zona más acaudalada de la provincia de Buenos Aires.
