El fiscal general de San Isidro, Luis Novo, deberá afrontar un juicio político por presuntamente encubrir las actividades de un cartel colombiano que ópera en la Argentina.
Así lo decidió hoy el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses en una votación reñida.
El pedido de avanzar contra el jefe de los fiscales de la zona Norte de la provincia fue gracias a 4 votos contra 3. Como adelantó ayer PERFIL, hoy el tribunal debía tratar también la suspensión de Novo en su cargo, pero en la reunión en La Plata hubo una ausencia que impidió avanzar en ese sentido: el kirchnerista Marcelo Feliu. El massismo, representado por Mauricio D‘Alessandro, votó en contra de avanzar con el jury.
Hace dos semanas se había intentado abrir el proceso de juicio político contra Novo pero los legisladores bonaerenses que integran el tribunal de enjuiciamiento no se presentaban a dar quórum. La semana pasada, el fiscal Luis Angelini, quien destapó la supuesta conexión de Novo con el narcotráfico, notificó a la Corte Suprema de la provincia que, de no avanzar el jury, iría a los organismos internacionales.
En las últimas semanas, el norte del Gran Buenos Aires viene sacudiéndose por lo bajo. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado citó a indagatoria al jefe de los fiscales de San Isidro, Novo, y a su equipo, acusados por el fiscal federal Fernando Domínguez de encubrir supuestamente una red de narcotráfico en la zona más acaudalada de la provincia de Buenos Aires.
Las pruebas que enumeró el fiscal Domínguez a la jueza hablan de un plan orquestado desde adentro de la Justicia para proteger a varios implicados en narcotráfico y sicariato que conducirían, según los propios investigadores, al cartel colombiano del Norte del Valle. Se trata de una poderosa organización del suroeste colombiano que habría llegado para instalarse cómodamente en la Argentina con un objetivo central: exportar cocaína a Europa y lavar el dinero de las ganancias del negocio. Uno de sus principales exponentes sería Henry López de Jesús Londoño, alias “Mi Sangre”, “el narco más importante del mundo”, según el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Para los jueces que investigan supuestas células de este cartel en distintas causas, sería un hombre importante en el cartel pero de importancia intermedia.
PERFIL pudo acceder a parte de la prueba que ya tiene en su poder Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman. Según la fiscalía, el objetivo de Novo y sus funcionarios de confianza habría sido que el fiscal Luis Angelini, que investigaba desde 2008 los crímenes de tres colombianos, no pudiera conectar los asesinatos con el cartel. Angelini encontró una conexión de los supuestos sicarios con el argentino Gustavo Juliá, dueño de una empresa de aviones privados. Todavía no había estallado el escándalo que vincularía a Juliá con el tráfico de cocaína. En enero de 2011, él y su hermano cayeron presos en España intentando ingresar casi una tonelada de droga en uno de sus aviones.
Investigando los crímenes de los colombianos, Angelini y su colega Diego Grau llegaron a conectar a los supuestos sicarios con teléfonos de la firma Federal Aviation. Ambos, en distintos tiempos, pidieron allanar esa empresa de aviación. El juez de la causa, Esteban Rossignoli, se los negó.
Era la empresa de los hermanos Juliá. Angelini también había llegado a la empresa Madero Office Center SRL, en Puerto Madero. Poco tiempo después esa firma quedaría vinculada al tráfico de efedrina y el triple crimen de General Rodríguez.
Para el fiscal Domínguez, desde ese momento comenzaron las trabas del fiscal general Novo a la investigación de los crímenes, como contó PERFIL el domingo pasado. La incógnita es por qué.
Novo le inició varios sumarios internos al fiscal Angelini –un número inédito–, le sacó su despacho personal y lo dejó sin computadora. En 2012 lo apartó de la fiscalía de San Fernando. Lo envió a San Isidro. Ni la jefa de los fiscales, María del Carmen Falbo, ni la Corte Suprema bonaerense pusieron un freno. Después de tres años y a un mes de las elecciones, la Corte bonaerense decidió el miércoles pasado que Angelini se dedique exclusivamente a investigar los crímenes de los colombianos y la conexión con una red que conecta el tráfico de cocaína y efedrina y el sicariato.
Una designación polémica. Un punto central de la maniobra de encubrimiento, según la fiscalía, fue nombrar en diciembre de 2011 a la abogada Mariana Busse, codefensora de Juliá, primero en la Justicia de Pilar y luego como secretaria de Gestión de la Fiscalía Descentralizada de San Fernando, donde investigaba Angelini. Su entonces pareja y actual esposo, el penalista Carlos Broitman, abogado de varios casos narcos, continuaba defendiendo a Juliá.
Broitman dijo a PERFIL: “Mi esposa es totalmente ajena a esto. No sabía ni quién era Angelini cuando llegó a la fiscalía, ni siquiera era funcionaria judicial cuando ocurrieron los crímenes de Unicenter y San Fernando. Su primer contacto con Angelini es en abril de 2012”. Según la información que analiza la jueza, Novo, los fiscales generales adjuntos Rodrigo Caro y Marcelo Vaiani, y la Secretaria General Melisa Rey –también imputados por encubrimiento junto a Busse– tienen 1.092 contactos telefónicos con Busse entre 2007 y 2008. Broitman asegura que se trata de “cuestiones políticas” y “armados de la Secretaría de Inteligencia”. Novo siempre tuvo buena relación con Sergio Massa. Broitman es también el abogado de Mi Sangre.
Entre las pruebas que enumeró el fiscal Domínguez contra Novo y su equipo resaltó que Busse, según los datos de Migraciones, viajó a España junto a su esposo y la mujer de Gustavo Juliá. Ocurrió cuando comenzaba el juicio contra los argentinos por narcotráfico. Además, Juliá es cuñado de la fiscal María Inés Domínguez, cuyo jefe es Novo y que figura como apoderada y socia de Federal Aviation.
Para la fiscalía Busse era un “instrumento” pero su jefe, Novo, para quien sigue trabajando, es el máximo responsable “de una infinidad de actos ilegales”.
Novo niega las acusaciones en su contra e inició acciones civiles contra el fiscal Angelini. Pero ahora deberá rendir cuentas ante una jueza, por primera vez.
Sandra Arroyo Salgado deberá decidir si procesa al fiscal como encubridor de una red narco que ya se instaló en la zona más rica de la provincia de Buenos Aires.
(*) De la redacción del Diario PERFIL, especial para Perfil.com.
