La Corte exige mayor celeridad en su trabajo a los jueces penales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emplazó a los jueces del fuero penal federal y de la Capital a que en el término de 90 días elaboren planes para acelerar los juicios y descomprimir el sistema judicial.

En este sentido, el Máximo Tribunal creó tres comisiones sobre "Celeridad de los Procesos de la Justicia Penal", las que tendrán carácter institucional, las cuales deberán elaborar propuestas con el fin de acelerar los juicios penales, dento de las respectivas jurisdicciones.

Mediante una acordada firmada este martes por todos los jueces excepto Carmen Argibay, la Corte reconoció que el Poder Judicial “necesita reformas para acercarlo a las necesidades de la población”, y entre ellas destacó la aceleración de los procesos penales.

Los jueces dispusieron mediante la acordada 32/2013 que "es imprescindible acentuar los esfuerzos para tener una justicia más rápida". "Es indispensable que el sistema se oriente a la conclusión de los casos en un plazo razonable, sin perder de vista la fortaleza en las decisiones que se adopten en cada caso", señalaron.

La Corte detectó que las cuestiones “directamente vinculadas a la problemática penal” son las que “comprometen los valores esenciales de la persona y que son, a su vez, las que más preocupan al ciudadano común y a la sociedad en su conjunto”. “La celeridad de los juicios en esta materia resulta una exigencia que debe ser atendida por todos los intervinientes en el ámbito propio de sus competencias”, añadieron.

En ese sentido, el tribunal decidió crear tres comisiones: la primera, con cinco integrantes designados por la Cámara Federal de Casación Penal; la segunda, por cinco designados por la Cámara del Crimen porteña y la tercera, por cinco de los tribunales orales federales y criminales.

“Dichas comisiones deberán elaborar propuestas con el fin de acelerar los juicios penales”, a través “reformas internas, elaboración de manuales de actuación y de gestión administrativa y procedimental, información al público, transparencia de los procesos, reformas legislativas procesales y mejoras en el sistema de excarcelaciones”.

Las propuestas “deberán ser enviadas a la Corte dentro de un plazo de 90 días”, según estableció la acordada.