En la avanzada del Ejecutivo sobre el Poder Judicial en las últimas horas, con medidas y anuncios de reforma, se sumó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hizo el propio presidente, Alberto Fernández, al referirse al fondo anticíclico del máximo tribunal, que acumula 40 mil millones de pesos. Un tema que ya había generado cruces y polémicas en los tiempos de Cambiemos.
Sin embargo, lejos de entrar en un debate o confrontación, en el Palacio de Tribunales se muestran a la espera de lo que puede suceder en el futuro tanto con lo que tiene que ver con la ley que modifica el sistema de jubilaciones de los judiciales así como con una demanda colectiva firmada por más de 7 mil jubilados para solicitar la inconstitucionalidad de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria dictada por el gobierno nacional.
La palabra “espera” y la frase “esto recién empieza” resuenan en los pasillos del palacio de la calle Talcahuano para sintetizar el escenario actual y futuro.
En líneas generales, desde la presentación del proyecto de ley que reforma las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos –hoy con media sanción de Diputados– en la Justicia coinciden en considerar que “es floja, con muchos puntos débiles”. Si sale como está, en Talcahuano al 500 dan por sentado que más temprano que tarde empezarán a llegar amparos y recursos sobre los que el máximo tribunal deberá expedirse. Pero no son los únicos.
Parte de la atención en el Palacio de Justicia pasa, por estas horas, por la demanda colectiva firmada por más de 7 mil jubilados para solicitar la inconstitucionalidad de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria. El reclamo fue presentado en el fuero de Seguridad Social por el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, el viernes 21 de febrero. Fue apenas pocos días después de que estallara la polémica por el proyecto de ley del Ejecutivo sobre el régimen de diplomáticos y judiciales.
“Está en primera instancia, pero ¿sabés lo que va a tardar en llegar a la Corte en este contexto? Para la primavera ya puede estar ahí”, sostuvieron ante PERFIL fuentes que conocen el tema.
En los últimos años la Corte tuvo fallos, como el de Lucio Blanco, que fueron positivos para los jubilados, por lo que la eventual llegada de este reclamo, cuyo alcance puede multiplicarse varias veces al sumar a los jubilados alcanzados en otras provincias, podría convertirse en un revés para el Ejecutivo.
Respecto de las menciones de Fernández al fondo millonario que acumula la Corte, en el Palacio sostienen que el máximo tribunal “es fuerte por los fallos que saca, no por los fondos anticíclicos”. Al tiempo que agregan que gran parte de los casos que se tratan año a año allí son precisamente por apelaciones que presenta el Ejecutivo, a través de sus organismos, en los diferentes expedientes.
El escenario general es complejo y la visión en tribunales es que desde el Gobierno eligieron pegarle al Poder Judicial para tener una suerte de enemigo público que genere más antipatía en la sociedad que los políticos. Todo se da en un escenario en el que después de la “politización de la Justicia” y la “judicialización de la política”, son varios los que consideran que llega la “judicialización de la Justicia”.
Sistema informático
A través de un comunicado conjunto dado a conocer ayer a través del Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura aclararon que “las bases de datos del Sistema Judicial LEX 100 que utiliza el Poder Judicial se encuentran alojadas en una plataforma tecnológica perteneciente al Consejo de la Magistratura, quien tiene la exclusiva responsabilidad de la administración y el mantenimiento del Sistema LEX 100”. En el escrito, que llevó la firma del titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y del Consejo, Alberto Lugones, se desmintió la contratación de la empresa Oracle para reemplazar al sistema vigente, tal como se había asegurado en versiones periodísticas.
