El futuro judicial de Cristina Kirchner podría quedar, en medio de la campaña electoral por su sucesión, en manos de la Corte Suprema de Justicia.
La sala II de la Cámara de Casación, el tribunal más importante del país después de la Corte, debe definir en las próximas semanas si ratifica o archiva la denuncia contra la jefa de Estado por el acuerdo entre YPF y Chevrón, que habilitó el decreto 929/2013.
La denuncia penal fue impulsada por los presuntos delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y daño ambiental en grado de tentativa, tal como lo denunciaron el diputado porteño Alejandro Bodart (MST) y el abogado ambientalista Enrique Viale.
Si bien el acuerdo fue suscripto por el CEO de YPF, Miguel Galuccio, la imputación incluyó a Cristina Kirchner como firmante del decreto.
El año pasado el diario The New York Times reveló que “funcionarios argentinos explicaron que el acuerdo Chevron-YPF protegerá a la empresa estadounidense de una pérdida pecuniaria ligada a un cambio de los vientos políticos. Si invierte US$ 1.200 millones puede retirarse 18 meses más tarde de las operaciones, sin penalización alguna, y continuará recibiendo los beneficios netos del 50% de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad”.
De los tres integrantes de la Cámara de Casación, Angela Ledesma y Alejandro Slokar se inclinarían por desestimar la denuncia.
En cambio, el tercer integrante, Pedro David, votaría en disidencia.
Si la decisión de la sala fuera apelada, la resolución final sobre la investigación judicial en torno al acuerdo con Chevrón quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia.
La acción defensiva del Gobierno frente a una de las causas que más preocupa al kirchnerismo tienen en la mira al camarista Pedro David. Fuentes judiciales aseguraron que los operadores del kirchnerismo en Tribunales analizaban incluso la posibildad de recusarlo.
Paralelamente, la Cámara de Casación se encuentra en medio de una disputa por la presidencia.
Desde la Secretaría Legal y Técnica, que dirige Carlos Zannini, se postula a Slokar para asumir el cargo. En cambio, los sectores más críticos de la Justicia quieren que la presidencia se mantenga en manos de José María Cabral, de buena sintonía con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
