Desde Tucumán
La Corte Suprema de Tucumán se encaminaría a revocar el próximo martes la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa que declaró la nulidad de las elecciones del 23 de agosto. Sería un respaldo a la postura del gobierno de José Alperovich, aunque la tensión promete seguir hasta que resuelva la Corte Suprema de la Nación. La idea de una eventual intervención, no obstante, se apaciguó.
Según relataron fuentes judiciales a PERFIL, entre los camaristas existía temor, por las presiones que se están viviendo, a ser elegidos para integrar la Corte local. Tres de sus miembros ya se excusaron y un cuarto va a ser recusado por la oposición. Los tres primeros fueron reemplazados, aunque uno de ellos (Benjamín Moisá) también va a ser recusado porque es el cuñado del candidato a intendente del Frente para la Victoria en Yerba Buena. De todas formas, entre los magistrados hubo una lectura crítica del fallo que anuló la elección. Por eso, dan por descontado que la sentencia será revocada.
Según confiaron fuentes gubernamentales a PERFIL, el per saltum, presentado el viernes por el apoderado del PJ, Marcelo Caponio, apunta a acortar los plazos procesales para que llegado el 29 de octubre, cuando Alperovich finaliza su mandato, el planteo esté resuelto y se evite caer en una acefalía, que podría terminar con una intervención federal.
La fuerza que lidera José Cano, en ese sentido, tiene previsto presentar mañana un proyecto de ley de acefalía, para que –al igual que a nivel nacional– el presidente de la Corte pueda cubrir en caso de vacancia. De todas formas, ya comenzaron a surgir internas dentro de las filas de la oposición. Los momentos de tensión que se viven en Tucumán hacen dudar a más de un dirigente sobre la conveniencia de seguir tensionando la cuerda.
Las declaraciones públicas, hasta ahora, no ayudan. Alperovich visitó el viernes por la noche a los militantes que acampan frente a Tribunales y aseguró: “No crean los jueces que somos mansos”. Y Cano aseveró que “si ganó Manzur, no deberían tener problemas en que haya nuevas elecciones, no lo hacen porque saben que van a perder”.
Más allá de lo que pase en la Justicia, distintos sectores coinciden en que llamar a nuevas elecciones sería una misión imposible para las alicaídas arcas de los partidos: “Nos gastamos todo, vendimos casas, autos, y ahora no tenemos un peso para afrontar una nueva campaña –afirman tanto ganadores como perdedores–. Y de prosperar la medida, seguramente seríamos muchos los que nos estaríamos bajando. Sólo Cano y Manzur tienen la caja suficiente para ir a nuevos comicios”.
José Ascárate, del equipo de campaña de Cano, retrucó que el oficialismo “gastó $ 500 millones en la campaña con fondos públicos y sólo uno de ellos podría justificarlo”.
