El futuro procesal del fiscal federal Carlos Stornelli comenzará a develarse a partir de febrero, en la ciudad de Mar del Plata. En los últimos días, su defensa apeló el procesamiento dictado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de una presunta red de espionaje ilegal.
Con un escrito de 170 páginas, la defensa del fiscal, encabezada por la abogada Raquel Pérez Iglesias, apeló el procesamiento considerándolo “arbitrario, dogmático, sesgado, conjetural, y sin asidero probatorio”. Con la presentación, en la que habló de “orfandad probatoria reinante”, busca así revertir la decisión de Ramos Padilla, que incluyó más de 500 páginas.
Hace diez días el magistrado, además de procesarlo, lo había embargado en 10 millones de pesos, disponiendo a su vez una serie de restricciones sobre él. También había dejado abierta la posibilidad de un desafuero.
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Por otro lado, en Dolores debe resolverse la situación de Marcelo D’Alessio, principal acusado en el caso (detenido desde febrero pasado), que hace semanas llegó a un acuerdo para convertirse en arrepentido en la causa. D’Alessio declaró durante más de 15 horas ante el fiscal Juan Pablo Curi y luego tuvo un encuentro con Ramos Padilla. A partir de eso, el magistrado deberá evaluar si homologa o no el acuerdo.
Feria mediante, quien decidirá sobre la situación de Stornelli es la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, adónde irá el reclamo desde Dolores. El tribunal de alzada interviene en el caso desde el comienzo, en enero pasado, y hasta ahora nunca tuvo decisiones favorables para Stornelli. Tanto la discusión por la competencia como la posible recusación del juez Ramos Padilla fueron desestimadas desde la cámara marplatense.
El 18 de diciembre, Ramos Padilla dictó el procesamiento de Stornelli por encontrarlo penalmente responsable del delito de asociación ilícita en los casos identificados como “GNL”, “Brusa Dovat-PDVSA”, “Terrorismo-Irán”, “Pedro Etchebest”, “Ubeira”, “Castañón” y “Munín-Talevi”. A lo que se le sumó el delito de incumplimiento de deberes legales de funcionario público en diferentes grados en esos expedientes.
El fiscal quedó involucrado en el caso desde que comenzó la investigación tras una denuncia por presunta extorsión. Poco después, a mediados de febrero, se produjo la detención de D’Alessio, quien ahora quiere ser imputado colaborador.
Si Ramos Padilla no lo acepta, D’ Alessio puede apelar la decisión, en tanto que si el magistrado sí decide hacerlo, se descuenta que comenzará un nuevo tramo del caso, con una batería de medidas a raíz de sus dichos.
