La Federación Latinoamericana de Msalió con los tapones de punta contra el proyecto del Poder Ejecutivo que busca modificar los regímenes especiales de jubilación del Poder Judicial en la Argentina. A través de un comunicado, consideró que va contra las normas internacionales y expresó su "profunda preocupación" ante la iniciativa.
En el texto, la entidad recordó, según su visión "que 'los jueces cuentan con varias garantías que refuerzan su estabilidad en el cargo con miras a garantizar la independencia de ellos mismos y del sistema, así como también la apariencia de independencia frente al justiciable y la sociedad' (Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Reverón Trujillo v. Venezuela, sentencia del 30 de junio de 2009, nota. 81). b) Que el régimen jubilatorio es un elemento de estabilidad de la judicatura y auxiliares de la administración de justicia, el cual debe ser protegido en defensa de la independencia judicial como elemento consustancial del Estado de Derecho y de defensa de Derechos Humanos. Un régimen jubilatorio autónomo es clave para que profesionales que dedican su vida laboral a la Administración de Justicia, con las limitaciones e incompatibilidades propias de esa honrosa actividad, vean su futuro consolidado y puedan ejercer así su función judicial con independencia y fuera de toda injerencia de los otros Poderes del Estado o de cualquier otro tipo".
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Asímismo, señaló que "el proyecto presentado al Congreso por el Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando sostuvo: “Que desde Fallos: 176:73, este Tribunal viene recordando que la intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión por parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia".
Por último, arremetió: "Exhortamos a que las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo de la República Argentina a que permitan un dialogo abierto mediante la participación de las instituciones representativas en la discusión del Proyecto con la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y de todos los organismos de poder involucrados"
RI CP
