La disputa por la competencia de la causa judicial que investiga la cena de cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta presidencial de Olivos parece no tener fin. Tras la declaración de incompetencia del juez Sebastián Casanello, el expediente llegó hasta San Isidro, que se convirtió en un hervidero a causa de los tironeos entre el Juzgado N° 1, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, y el N° 2, de Lino Mirabelli, interesados en llevarla adelante. Mientras tanto, la causa lleva varias semanas parada y sin ningún avance. En el Gobierno, por su parte, siguen de cerca los movimientos.
De manera parcial, el expediente está en manos de Mirabelli desde hace un par de semanas a raíz de que su juzgado estaba de turno en el momento que su par de Comodoro Py decidió remitirla. Ahí, el fiscal federal Federico Domínguez salió a plantear que debía revisarse la competencia sobre la pesquisa ya que en el juzgado de Arroyo Salgado ya había una denuncia por un hecho similar supuestamente anterior a la denuncia que surgió tras la filtración de la foto del festejo.
La jueza, que semanas atrás había pedido certificar en el expediente cuando aún estaba en los tribunales porteños, aunque sin demasiado éxito, esperó hasta mitad de esta semana para formular un nuevo pedido y tener libre acceso a la totalidad del expediente y lo actuado. En un gesto de buena voluntad, Mirabelli se lo concedió aunque solo por 48 horas y con la aclaración de que la causa era suya.
Con eso último, el magistrado salió a marcarle la cancha a su colega al dejarle en claro que le corresponden las actuaciones sobre la investigación ya que estaba de turno cuando la enviaron y la denuncia que la originó fue anterior a la de la jueza. Marcó así una fuerte declaración de pretensiones.
A partir de eso, la gran incógnita que se abre es cómo reaccionará Arroyo Salgado. Hasta el momento, solo insistió en acceder y ver qué se hizo en el marco de la investigación, lo que deja en claro el interés que tiene por una causa que está entre las de mayor contenido político debido a que el principal imputado es el presidente Alberto Fernández, que viene de perder en las PASO y busca cerrar la crisis desatada en el Frente de Todos.
Ante ese escenario, si Mirabelli persiste en retener el expediente y Arroyo Salgado actúa en base a lo que hizo hasta el momento, con un pedido formal para tenerlo bajo sus directivas, entraría en juego otro eslabón del Poder Judicial. La Cámara Federal de San Martín pediría al juez y a la jueza que remitan el material que tienen para analizarlo y determinar quién, finalmente, tendrá competencia para avanzar en la investigación.
Paralizada. Mientras sigue el tironeo entre jueces, las defensas notan que la investigación está completamente paralizada desde hace ya varias semanas. La última gran novedad que se produjo fue la imputación de todas las personas que participaron de la reunión en el chalet presidencial el 14 de marzo de 2020.
Entre ellos están el presidente Alberto Fernández, la primera dama Fabiola Yañez y sus asesores y amigos, Carolina Marafiotti, Sofía Pacchi, Florencia y Rocío Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emmanuel López, Fernando Consagra, Federico Abraham y Stefanía Domínguez.
“Estamos a la espera de que se defina, sin ninguna noticia. Cuando eso ocurra, ahí veremos qué hacer”, dijo a PERFIL una persona del entorno de una de las defensas.
Es que en principio, cuando quede zanjada la competencia judicial, el juez o la jueza deberán resolver sobre la propuesta de Alberto Fernández y también sobre el planteo de inconstitucionalidad del decreto con medidas sanitarias que estaba vigente en el momento que se consumó el hecho. Este último, presentado por Stefanía Domínguez, amiga de Yañez, bajo la representación del abogado Mauricio D’Alessandro.
De todos modos, la expectativa también está en la definición que pueda haber en torno a la propuesta del Presidente. Vale destacar que semanas atrás la Casa Rosada salió a expresar su preocupación ante la posibilidad de que Arroyo Salgado se quede con el expediente. “Es conocido para todos que, con nuestro espacio político, Arroyo Salgado claramente no garantiza ningún tipo de objetividad ni imparcialidad”, había dicho el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.
Querella aceptada en otra causa
En Comodoro Py, en tanto, sigue su curso otra investigación relacionada. La jueza a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 6, María Eugenia Capuchetti, tiene en su despacho el expediente que se abrió tras una denuncia de la Fundación Apolo por supuesto falseamiento del listado de ingresos a la residencia presidencial.
Esta semana, la magistrada aceptó a los denunciantes para querellar en la causa. Según pudo saber PERFIL, los abogados que la llevarán adelante son José Mangiocalda y Yamil Santoro, que por estos días definen su estrategia.
“Se cuestiona el hecho de haber recibido (octubre de 2020), con posterioridad a un pedido de acceso a la información pública, diferencias en los datos relacionados con los ingresos y egresos de la quinta de Olivos respecto de la información que se le entregó, hace apenas algunas semanas, al periodista y usuario de la red social Twitter @gonziver”, dice parte de la presentación.
