La trascendencia mediática que ha tenido Sandra Arroyo Salgado desde que está a cargo del Juzgado de San Isidro es notoria y la ubica entre las magistradas federales más conocidas de la Argentina. Parte de esa notoriedad la consiguió a partir de defender públicamente que a Alberto Nisman, su ex pareja, lo mataron, en sintonía con la oposición y buena parte del Poder Judicial. Ahora, su nombre volvió a la escena ya que tendría intenciones de llevarse una causa clave que ahora está en manos del juez Sebastián Casanello: la investigación por el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez realizado en la Quinta presidencial de Olivos, en plena cuarentena, cuando estaban prohibidas las reuniones sociales.
Esta semana, Arroyo Salgado le pidió a Comodoro Py certificar y tener acceso al expediente que está a cargo del fiscal Ramiro González, quien envió la primera señal con un pedido a Casanello para que le garantice acceso al expediente digital, aunque eso podría ser tomado como una mera actuación administrativa.
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El pedido de la jueza, que tiene en su fiscalía otra denuncia por la cena en Olivos, dejó en claro su interés respecto del expediente en el que está involucrado el presidente Alberto Fernández. Mientras tanto, la investigación sigue en los tribunales porteños, donde se presentó la mayoría de las personas que participaron del cumpleaños de la primera dama y el fiscal tiene la respuesta de varios de los pedidos de información que hizo, por ejemplo, a la Casa Militar y a la Jefatura de Gabinete. Eso habla de un significativo avance que puede ser tomado como argumento por Casanello para conservar la causa en su Juzgado.
En San Isidro, en tanto, la jueza trabaja para tomar dimensión acerca de lo actuado hasta el momento por el fiscal porteño. Una vez que revise el expediente, ahí podría venir el pedido formal a Casanello para intervenir en la causa.
La foto del cumpleaños en Olivos, incorporada a la causa en Comodoro Py.
El primer motivo que tiene a su favor es la jurisdicción, ya que los hechos investigados fueron consumados en la Quinta de Olivos, ubicada en una zona en la que su Juzgado tiene plena intervención. En caso de que el expediente pase al Juzgado de San Isidro, cada medida que pueda tomar Arroyo Salgado tendría una lectura política inevitable, más aún en medio de la campaña electoral camino a las elecciones legislativas de este año.
Disputa de intereses entre Arroyo Salgado y Casanello
En la antesala, si la jueza formula el pedido y Casanello se niega con previa consulta al fiscal, la disputa por la causa estaría iniciada. En ese caso tomaría intervención la Cámara de Casación para arbitrar ante los argumentos de cada Juzgado ya que se encuentran en ciudades distintas.
Sandra Arroyo Salgado y Sebastián Casanello.
Lo que está claro es que el interés es mutuo y mientras la jueza permanece en silencio, en los tribunales de Retiro la investigación avanza y este mismo jueves se podría definir la imputación del presidente Alberto Fernández, más allá de que también estaba prevista una presentación formal ante el Juzgado por parte de su abogado, Gregorio Dalbón. Junto con lo actuado, ese sería otro de los argumentos a favor de Casanello, que podrá decir que todas las personas que participaron de esa cena se pusieron a su disposición.
En términos de preferencias, las defensas se mantienen en hermetismo y sin una definición concreta más que “es la gran pregunta que tenemos”, como dijo uno de los letrados patrocinantes a PERFIL. A esta altura, las estrategias ante la investigación en Comodoro Py fueron planteadas: desde la inexistencia de delito por no haberse producido contagios, como dijo el abogado del presidente y ven con buenos ojos en la defensa de la primera dama, hasta el pedido de inconstitucionalidad del decreto presidencial que dispuso las medidas restrictivas que adelantó Mauricio D’Alessandro, abogado de Stefanía Domínguez, una de las amigas de Yáñez.
Se desconoce, al menos hasta el momento, qué piensa hacer el abogado Fernando Burlando, que este miércoles fue designado por Rocío Fernández Peruilh como su representante tras abandonar la estrategia que comandan Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo. A su vez, PERFIL pudo saber que su hermana Florencia, con quien participó del cumpleaños, también se salió de esa estrategia mayoritaria por “serias diferencias” en la estrategia.
El trabajo de Arroyo Salgado
Por el despacho de la jueza de San Isidro pasaron cientos de expedientes relacionados a la violación al artículo 205 del Código Penal y, según señalan en la Justicia, en gran parte de los casos ha investigado, corroborado los hechos y aplicado sanciones económicas.
Entre ellas se destaca una multa de $100 mil a un entrenador de crossfit que golpeó al encargado de seguridad de su edificio luego que éste lo denunciara tras verlo incumpliendo la cuarentena estricta que debía realizar. El caso trascendió públicamente gracias a un video donde se ve el episodio que tiene de fondo la violación a las medidas restrictivas dictadas por el presidente. Como probation, también le impuso que dicte ocho horas mensuales de entrenamiento deportivo en un club local.
Arroyo Salgado también estuvo a cargo del caso del “surfer” Federico Llamas, mediatizado al principio del periodo de aislamiento social de 2020. En ese caso, le impuso una sanción económica de $70 mil pesos, aunque no se pudo confirmar la imposición de una probation.
La jueza, que está al frente del juzgado desde 2006, le puso firma, además, al procesamiento dictado en junio del año pasado del propietario de un geriátrico de Villa Adelina donde hubo un brote de contagios que terminó con la muerte de una anciana. En ese caso, además, trabó embargos sobre los bienes de los imputados.
Se trata de tres casos distintos y hasta de mayor gravedad que el ocurrido durante el cumpleaños de la primera dama, pero que dan cuenta que la imposición de una multa económica podría ser una de las salidas a las que podría llevar a las personas imputadas. El abogado Gregorio Dalbón parecería haberse adelantado a eso cuando dijo que el presidente donaría parte de su sueldo a modo de “reparación” al Instituto Malbrán pese a sostener la supuesta inexistencia de delito.
En caso de prosperar el traspaso de la causa a San Isidro, entonces, Arroyo Salgado podría tomar más notoriedad aún por ser quien determine la situación del presidente en el marco de una de las situaciones que mayor crisis generaron al gobierno. No menor es que todo ocurre en pleno año electoral.
