No son horas sencillas para Inés Brizuela y Doria, la intendenta radical de la ciudad de La Rioja: un grupo de manifestantes intentó tomar la intendencia en medio de una protesta de empleados municipales. Y responsabilizó por lo sucedido al gobierno provincial de Ricardo Quintela, que desestima acusaciones.
La jefa comunal utilizó su cuenta de Twitter, este martes, para reflejar la problemática que atraviesa: “Un grupo de inadaptados intenta tomar por la fuerza el palacio municipal, violentando a nuestras mujeres del cuerpo de seguridad. Anoche pedí custodia policial del edificio y parque automotor, sin respuesta a la fecha".
Y lamentó la escasa asistencia en seguridad: “Solo tres efectivos policiales, sin instrucciones de restablecer el orden. Es claramente insuficiente para evitar esta innecesaria violencia. Estamos resistiendo con personal civil de nuestro cuerpo de seguridad. ¿Cuál es la idea señor gobernador?”.
Señor Presidente @alferdez , señor Ministro @wadodecorrido , las fuerzas de seguridad provinciales de @QuintelaRicardo nos han dejado desamparados ante hechos graves de violencia.
— Inés Brizuela y Doria (@ines_byd) November 2, 2021
En este momento intentan tomar por la fuerza el palacio municipal. pic.twitter.com/y43bsNn31I
También, sostuvo que no piensa tolerar “aprietes ni violencia, menos que usen a nuestros trabajadores para fines inconfesables. Vinimos a romper el sistema de precarización y apriete. Vinimos para asegurar la libertad de nuestra gente”.
El conflicto entre la administración Brizuela y Quintela se originó cuando la dirigente de la UCR designó a más de mil empleados en planta permanente del municipio, sin los fondos necesarios para afrontar remuneraciones. Desde el entorno del mandatario le señalaron a PERFIL que la decisión de la alcaldesa "corrió por su cuenta" y que ahora pretende que desde la gobernación paguen salarios, algo que “no corresponde”.
Además, cuestionan a Brizuela por no acordar con la provincia la solvencia económica para soportar los haberes de esas designaciones y recategorizaciones. “La gobernación cumple con la ley de coparticipación pero en este caso particular existe una jugada electoral, se busca nacionalizar el conflicto”, añadieron.
Una versión que se contrapone con los dichos de la jefa de municipio. Ante este medio, indicó que su gestión sufre “asfixia financiera” por parte de Quintela, quien desde su análisis “no cumple con la mala ley de coparticipación que tenemos y eso ha generado una situación insostenible”.
Precisó que “ni siquiera mandan los fondos correspondientes para el pago de personal. Nosotros reconocemos a trabajadores precarizados que vienen de la gestión de él, cuando fue intendente durante doce años. Empleados que tienen 17 años de antigüedad, totalmente en negro. A esto le sumamos que sufrimos violencia política permanente en nuestro municipio, sobre mí persona. Hay un avallasamiento institucional, son reconocidos los grupos que responden al gobernador y actúan como patota, que se manifiestan en forma muy violenta y hoy quisieron entrar por la fuerza al municipio, y liberaron la zona”.
Brizuela afirmó que si la gestión Quintela “aplicara correctamente la ley de coparticipación que tenemos, al municipio de la capital le alcanza y le sobra para pagar sueldos de todos los trabajadores reconocidos y afrontar el plan de gobierno”. “Un dato importante: este reclamo lo hemos planteado en la Justicia, tras intentar resolverlo a través del diálogo”, estableció.
Y apuntó que la distribución de recursos de coparticipación entre gobernador e intendente siempre fue motivo de disputa. “Nosotros creímos que podíamos terminar con esa confrontación, que solo perjudica a la gente. Pero no hubo eco por parte del gobierno provincial. ¿El resto de los intendentes? reciben auxilio y asistencia financiera extra. Hay una clara estrategia de avasallamiento hacia el municipio de la capital”.
