Los vecinos ya habían derribando el polémico muro contra la inseguridad, en el límite entre los partidos de San Isidro y San Fernando, cuando la Justicia ordenó hoy frenar su construcción, y encomendó la instalación de un destacamento policial en la zona, a fin de evitar hechos delictivos.
La medida judicial fue adoptada esta mañana por el juez de menores Fernando Ribeiro Cardadeiro y se conoció luego de que una protesta derribara el paredón y destruyera las placas de hormigón, caños y pilotes con los que se iba a montar esa estructura sobre la avenida Uruguay, a la altura del barrio Villa Jardín. Se trató, sin más, de una medida adoptada por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que formaba parte de un “plan de seguridad” acordado con vecino del barrio privado La Horqueta y con el respaldo de concejales del distrito.
El gobierno bonaerense intervino hoy para impedir la construcción del muro, a través del ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, que fue al lugar y aclaró que la administración de Daniel Scioli no permitirá estructuras de ese tipo porque "generan violencia y exclusión, y son discriminatorias".
Sin embargo, la medida cautelar del juez de menores, que se adoptó a instancias de un recurso de amparo presentado por el intendente de San Fernando, Osvaldo Amieiro, se conoció en momentos en que el ministro estaba en el lugar y permitió bajar la tensión que se había incrementado desde el martes pasado, cuando apareció el muro en avenida Uruguay.
A pesar de las numerosas críticas, Posse había insistido en continuar con la construcción del paredón durante todo el conflicto, y justificaba la medida diciendo que "no es un muro" y que con ella buscaba "proteger a 33 familias" que viven en el vecino barrio de La Horqueta que, aseguró, son víctimas permanentes de delitos.
Fuente: DyN
