La Justicia comercial de la Nación decretó la intervención por seis meses de Salvattore Group S.A.S, la firma que tiene como socia a Carolina Gómez Mónaco, una de las asesoras del diputado nacional Gerardo Milman. Se trata de una sociedad atravesada por irregularidades que evidencian que sería una "pantalla": no tiene capital social, objeto, ni ha presentado correctamente balances y estados contables.
Dicha intervención fue resuelta el 26 de diciembre pasado por el juez nacional en lo comercial Pablo Frick luego de analizar un planteo de la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese organismo había iniciado un expediente en noviembre pasado donde había corroborado la existencia de "más de media docena de irregularidades documentales y societarias" de la firma que también tiene como socio a Fernando Agustín Daga, sindicado como contratado de Milman en Diputados.
En la resolución judicial a la que tuvo acceso PERFIL, el magistrado sostuvo que "la verosimilitud del derecho invocado se encuentra a priori acreditada" en el planteo. También consideró como esencial que se obtenga "información fehaciente" sobre la actividad económica y los antecedentes sociales de la S.A.S, "datos que indudablemente son sensibles al paso del tiempo y corresponde resguardar".
"Estimo que se encuentran reunidos los extremos necesarios para acceder a la medida solicitada. Ello, claro está, situado siempre en el marco provisorio, conjetural y cautelar de este embrionario proceso", consideró el juez.
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De todos modos, el magistrado dejó en claro que la intervención se dictó en "grado de veeduría", y explicó que se trata de la más "leve" de las intervenciones sociedarias. En este caso, quien tendrá las funciones de contralor y vigilancia será la abogada Anahí Cordero, quien deberá presentar un informe mensual sobre el giro social de Salvattore Group.
Las irregularidades societarias
En la investigación previa a pedir la intervención judicial, la IGJ, el organismo a cargo de Guillermo Nissen, detectó que la firma de la asesora de Milman se constituyó en septiembre de 2017 y hasta junio de 2019 no comenzó sus operaciones comerciales.
Además, de acuerdo al organismo dependiente del Ministerio de Justicia, carece de capital social, no tiene objeto preciso y determinado y tampoco sede social correctamente inscripta, tres elementos clave a la hora de constituir cualquier sociedad con fines comerciales de manera correcta y conforme a la ley.
Pero no es todo: la firma de los dos asesores de Milman también registra una demora en la presentación de los balances y estados contables de los últimos tres años, es decir, desde poco después de haber comenzado sus operaciones comerciales en 2019. Otro elemento que resulta llamativo es que la sociedad funciona en un inmueble de casi 300 metros cuadrados propiedad de Gómez Mónaco y de Graciela Bamonde, ex cuñada de Daga, el otro socio de la firma contratado por Milman.
"Estas irregularidades tornan absolutamente anómala la existencia de esta 'sociedad por acciones simplificada'", determinó la IGJ en su informe.
La investigación del organismo que decantó en la reciente intervención judicial comenzó en línea con el avance de la investigación del atentado a Cristina Kirchner. Más precisamente cuando un testigo se presentó en Comodoro Py y declaró bajo juramento de decir verdad que había escuchado a Milman decir que "cuando la maten voy a estar camino a la costa", mientras estaba con Gómez Mónaco y otra asesora en el restaurante Casablanca.
Grupo Caputo: detectan otra sociedad
Por otra parte, la IGJ detectó una nueva sociedad vinculada al Grupo Caputo con una importante cantidad de irregularidades. Ante eso promovió acciones judiciales y declaró la irregularidad de las reuniones de directorio.
Lleva como nombre "Chaqueña Bajada S.A" y uno de sus dos accionistas es Luis María Méndez Escurra, casado con Rossana Pía Caputo, hermana de Luis "Todo" Caputo y la mujer que le giró millonerios pagos al violento Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, para el armado de muebles para dos emprendimientos inmobiliarios del Grupo Caputo.
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De acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso este medio, la firma se constituyó en el 2010 y entre las irregularidades societarias que detectó el organismo se puede mencionar la "presentación parcial y fuera de término de los estados contables" y documentación sobre los ejercicios económicos desde 2016 a 2021.
La firma tiene como objeto la realización de actividades agropecuarias pero de acuerdo a uno de los puntos de la resolución "no realizó jamás las actividades previstas (...) jamás tuvo ingrersos por ventas ni arrojó resultado alguno simplemente porque no hubo la menor actividad social". Para la IGJ esas características irregularidades son las mismas que tienen las sociedades Caputo Hermanos S.A. y Sacha Rupaska S.A, todas vinculadas entre si.
"Se trata de sociedades ficticias y simuladas y que son meras estructuras societarias o “pantallas” que se interponen entre los accionistas y las aludidas propiedades", sostiene el organismo.
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