El fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una causa penal para determinar si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner violó la veda electoral que prohíbe realizar actos que busquen obtener el voto 15 días antes de las elecciones primarias.
Di Lello le dio impulso formal a una denuncia de precandidatos del espacio UNEN y le pidió a la jueza María Servini de Cubría una serie de medias de prueba. “Téngase por impulsada la acción penal”, le requirió el fiscal a la jueza.
La denuncia la presentaron Ricardo Gil Lavedra, Humberto Tumini, Sergio Abrevaya, Alfonso Prat-Gay y Victoria Donda, por los actos que Cristina encabezó el 27 de julio en San Fernando durante la ampliación de obras de una planta potabilizadora de Aysa, y el 30 en Cañuelas, donde inauguró una fábrica de lavarropas.
En ambos actos estuvo acompañada del intendente de Lomas de Zamora y cabeza de la lista de diputados bonaerenses del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, e hizo referencias a acciones de Gobierno y a la necesidad de continuar con el rumbo de su gestión.
También, a través de videoconferencias, la Presidenta dialogó con Daniel Filmus, Jorge Obeid, Juliana Di Tullio y Sergio Urribarri, todos candidatos en las próximas elecciones.
En sus discursos, Cristina habló de la baja de la desocupación y del aumento del salario mínimo, y enumeró las ampliaciones de redes cloacales en la provincia de Buenos Aires.
“Quiero que lo logrado en esta década sea celosamente custodiado por todos porque todo lo alcanzado en estos diez años no es mío, es de los 40 millones de argentinos”, arengó en San Fernando. Para los denunciantes, la Presidenta enumeró sus “logros de gestión”, lo que viola el artículo 64 del Código Nacional Electoral, que fue incorporado en 2009 por la nueva Ley de Partidos Políticos.
La norma prohíbe 15 días antes de las elecciones “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales”.
El Código también fija de uno a diez años de inhabilitación para ejercer cargos para los funcionarios que “autorizaren o consintieren la publicidad de actos de gobierno en violación” de la norma. El fiscal le pidió a Servini de Cubría que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) le envíe los videos de los actos para analizar los discursos de Cristina. Además, requirió que la Secretaría General de la Presidencia “precise las circunstancias en que tuvieron lugar los actos denunciados” y que las empresas que participaron de los actos informen “los motivos de la concurrencia” de Cristina.
