La Justicia irá a la carga contra los hijos de Cristóbal López

Siempre se dijo que Cristóbal López se quería diferenciar de Lázaro Báez cuando comparaban sus éxitos como empresarios en los años del kirchnerismo. Hay algo que ahora los une: las acusaciones penales, la cárcel y la preocupación por el alcance que las investigaciones pueden tener para sus hijos. 

Los descendientes de Lázaro ya están complicados: los mandaron a juicio en la causa por la ruta del dinero K, por la que el dueño de Austral Construcciones cayó preso, y tienen un procesamiento confirmado por los “retornos” en el caso Los Sauces. Los hijos de Cristóbal habían quedado a salvo pero están a punto de enfrentar los tribunales.

Es que, además de su libertad, lo que preocupa al creador del grupo Indalo es la situación legal de sus hijos. El juez Julián Ercolini comenzará a analizar en las próximas semanas un pedido del fiscal Gerardo Pollicita para que sean llamados a indagatoria Cristóbal Nazareno y Emiliano López por lavado de dinero y asociación ilícita, y se traben inhibición sobre sus bienes. 

Se trata de una causa paralela a la de Oil Combustibles, donde se cree que a través de la empresa Agosto SA se habría canalizado el dinero que no se le pagó al fisco por el impuesto al combustible. La firma también pertenece a un nombre conocido del kirchnerismo: Osvaldo Sanfelice, socio en la inmobiliaria del diputado Máximo Kirchner y presunto testaferro de los K en el hotel Waldorf.

En su dictamen, Pollicita recordó que Cristóbal aprovechó “una estrecha relación personal y comercial con los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner” para armar el Grupo Indalo, compuesto por múltiples sociedades en las que “realizaron un importante aporte Cristóbal Nazareno y Emiliano López”, los jóvenes corredores de automovilismo. Las sospechas apuntan a Agosto SA, una “sociedad pantalla” destinada al alquiler de maquinarias. Desde allí, “cimentaron una estructura para canalizar fondos que provendrían de una defraudación sistemática, deliberada y permanente al Estado”, dijo el fiscal.

Pero además, según indicaron a PERFIL fuentes judiciales, hay otros problemas legales en el horizonte para los hermanos de Comodoro Rivadavia. Es que Nazareno y Emiliano habrían participado el 20 de octubre de 2017 de la venta de las acciones del grupo Indalo, junto a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, cuando les estaba expresamente prohibido porque estaban inhibidos, según se desprende del fallo que metió preso a Cristóbal. El juez ordenó extraer testimonios para profundizar esa investigación.

Mientras tanto, Emiliano y Nazareno, reparten su tiempo entre la Patagonia y el departamento de su papá en Puerto Madero. Todas las semanas visitan a Cristóbal en la cárcel de Ezeiza. Allí le cuentan las novedades judiciales y buscan una estrategia. Y también tratan de contenerlo.

El empresario lee y acepta que seguirá en Ezeiza

Cristóbal López se acostumbra a pasar los días tras las rejas de la cárcel de Ezeiza. Pasaron cuarenta días desde que el juez federal Julián Ercolini ordenó su prisión preventiva y la de su socio, Fabián de Sousa, por entender que llevaron adelante acciones “dirigidas a obstruir la labor de la Justicia”. Fue por vender el Grupo Indalo a favor de OP Investment cuando se los habían prohibido expresamente. Por esa causa, también está procesado el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, que ahora amenaza con ventilar detalles de 1.800 planes especiales como el que le dio a Oil Combustibles.

En los tribunales de Comodoro Py 2002 aún es un misterio cómo Cristóbal y De Sousa, con buena asesoría legal, pudieron haber llevado adelante semejante “torpeza” de vender cuando estaban inhibidos, señalaron fuentes judiciales a PERFIL. “Hay respuestas que todavía no tenemos”. Quizás alguno de esos interrogantes los puedan revelar los acusados el 8 de febrero: la Sala I de la Cámara Federal escuchará las críticas de la defensa al procesamiento y se reclamará la excarcelación.

Según relataron a PERFIL dos fuentes vinculadas al caso, días antes de ser arrestado Cristóbal reunió a sus allegados y les avisó que iba a ir preso. Pidió que a partir de allí manejaran todo con sus hijos. 

En el cónclave habrían estado, entre otros, su defensor Carlos Beraldi (que a su vez representa a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus hijos) y los abogados Santiago Dellatorre Balestra y Daniel Burgio, quienes habían intervenido como compradores iniciales del grupo Indalo hasta que después apareció formalmente Ignacio Rosner. Los detalles de ese encuentro están guardados bajo llave.

Pero lo cierto es que horas después Beraldi se presentó en Comodoro Py con un escrito de Rosner. El juez –que ya había dicho que no se podía vender a OP Investment– no quiso aceptarlo porque Rosner no era parte de la causa. El abogado se fue, pero a las dos horas volvió para dejar, esta vez, un papel de Cristóbal y De Sousa informando que ya habían vendido la empresa. “Todo fue extrañísimo. Se metieron presos solos”, dicen los que siguen el caso.

López pasa sus días tranquilo en su celda. No pidió nada, ni se le escucharon quejas. “Está tranquilo, lo visitan sus familiares y pasa sus días leyendo”, señalaron a PERFIL las fuentes consultadas. Incluso, saca los libros de la biblioteca del penal. “Es como si hubiera aceptado que pasará un largo tiempo a la sombra”, agregan.

El empresario que creció al calor de sus medios y las concesiones de juego y petróleo sabe las complejas acusaciones que enfrenta.