El Gobierno puede retrodecer en ciertos temas, avanzar lento en otros, pero en un ámbito específico está hilvanando varios triunfos: el judicial. La reciente salida de la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, se suma a las bajas del exjuez federal Carlos Rozanski y de Norberto Oyarbide.
En distintos momentos y con procesos variados, el Gobierno celebró las tres salidas que sirven para oxigenar la Justicia. Los tres miembros del poder judicial, que tuvieron en mayor o menor medida algún grado de sintonía con el kirchenrismo, se aferraron a sus cargos hasta que la presión fue más fuerte. Con matices, pesaban sobre ellos cuestionamientos y denuncias.
El caso emblemático fue el del exjuez federal Norberto Oyarbide que trató por todos los medios de firmar una tregua con el Gobierno para extender su estadía en su despacho de Comodoro Py. Todas las puertas se le cerraron hasta que resolvió, con lágrimas en los ojos, entregarle su renuncia al ministro de Justicia, Juan Manuel Garavano.
Oyarbide, un tiempista de los nexos entre el poder político y judicial, supo escabullirse a tiempo para evitar el juicio político del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, hasta su salida quedó salpicada: en la causa que investiga a Daniel Angelici, apuntado como operador judicial del Gobierno, por presunto tráfico de influencias, el exjuez federal fue denunciado por falso testimonio.
El exjuez federal de La Plata Carlos Rozanski también sintió el rigor del Consejo de la Magistratura, optó por una salida decorosa y una jubilación onerosa. Las causas en su contra habían comenzado a apilarse: "maltrato laboral, acoso moral, selección de expedientes para su tramitación en detrimento de otros, exceso de licencia, y dilación de causas, entre otras".
Rozanski estuvo al frente del Tribunal Oral Federal 1 de la Plata por más de 15 años. Desde el 2006 estuvo a cargo de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Fue el encargado de las condenas del ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, del ex capellán policial Christian Von Wernich y del ex ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura Jaime Lamont Smart.
Previo a su salida, Rozanski había denunciado que estaba siendo "brutalmente perseguido por el Consejo de la Magistratura" y culpó al gremio de Julio Piumato "que se encargó de poner afiches clave, en La Plata y Buenos Aires". Según indicó el diario La Nación, Rozanski se jactaba de no tener contactos políticos que lo sostuviesen, pero contaba con cierto abrigo en el Consejo de la Magistratura "más que por vínculos personales, por la afinidad de este juez con las causas que más le importan a la exPresidenta Cristina Kirchner", asegura un consejero de los "históricos".
La procuradora María del Carmen Falbo se puede jactar de haber resistido mil y un embates y denuncias de la diputada Elisa Carrió. La legisladora le había pedido a María Eugenia Vidal ir por "Falbo y todos los fiscales que transan con las mafias y el narcotráfico".
La integrante de Cambiemos ya había pedido la indagatoria de la procuradora como sospechosa de haber omitido investigar la obstrucción de la causa del crimen de Unicenter, de haber encubierto datos del Triple Crimen de General Rodríguez y de ligarla al exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, también se animó a ir contra Falbo al declarar a La Nación: "Creo que tiene su tiempo agotado. Ya cumplió un ciclo en la provincia". Pese a que su cargo es vitalicio, Falbo -ante la arremetida- había iniciado los trámites jubilatorios en julio de este año. Hoy le anunció a miembros del poder judicial bonaerense que abandonará su cargo en diciembre a más tardar.
El Gobierno seguirá con la escoba en mano y avanza contra otros apuntados cercanos a la Justicia kirchnerista: la procuradora Alejandra Gils Carbó, los jueces Eduardo Freiler y Daniel Rafecas.
