La detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime estaba decidida desde principios de junio. Y ayer, finalmente, el juez federal Claudio Bonadío consumó una de las decisiones más impactantes para el Gobierno al procesar y ordenar por primera vez la prisión preventiva de un ex funcionario kirchnerista. También lo embargó por casi tres millones de pesos. Al cierre de esta edición, Jaime seguía prófugo mientras se lo buscaba en Córdoba y Buenos Aires. Sus abogados aseguraron que no iba a presentarse ante la Justicia hasta que la Cámara Federal confirmara o no la decisión del juez.
Jaime es el funcionario más procesado del kirchnerismo. Otro más hubiera sido sólo “una mancha más al tigre”, pero su detención cruzó la línea del funcional equilibrio que saben practicar la Justicia federal y el poder político. La decisión de Bonadío tiene un alto contenido político, en plena campaña electoral, e implica también para el Gobierno un potencial efecto colateral: además de significar un golpe al Ejecutivo, la detención de Jaime no es más que una confirmación de que el poder le soltó la mano a un hombre que sabe demasiado sobre los Kirchner. En los tribunales circuló la versión de que Jaime recientemente había pedido ayuda al ministro de Planificación, Julio De Vido, convencido de que su situación judicial empeoraría aun más.
En plena puja entre el Poder Judicial y el Gobierno, otros no dejan de leer entre líneas: la Presidenta podría canalizar la decisión de Bonadío para demostrar la “independencia” del Poder Judicial. Podría servirle para ningunear las versiones de los jueces y fiscales que la enfrentan ante su intención de manejar la Justicia. En la balanza, los costos pesan más que los beneficios. Bonadío advierte en su fallo que quiere preso a Jaime porque el Gobierno puede ayudarlo a borrar pruebas.
El juez procesó al ex funcionario por presunta administración fraudulenta, un delito excarcelable. Sin embargo, se encargó de que quedara detenido. La defensa de Jaime, señalado como el “cajero” de Néstor Kirchner, pidió la eximición de prisión y el magistrado la rechazó. Bonadío tiene con qué sostener su decisión, pero podría haber ignorado esas razones como parte de ese equilibrio funcional que gobernaba los tribunales federales. Al menos hasta hace poco. La decisión de Bonadío tiene dos antecedentes: la condena de Casación al ex presidente Carlos Menem por el tráfico de armas y la condena a la ex ministra de Economía K, Felisa Miceli.
PERFIL adelantó el 15 de junio la detención de Jaime. Ya estaba definida antes de su indagatoria. “El 18 (de junio) lo indagan y queda preso”, soltó con alegría una alta fuente de la causa los primeros días de ese mes ante este diario. La guerra Gobierno-Justicia y el malestar social por el estado deplorable del transporte público son el telón de fondo.
Icono. Jaime es investigado por pagos irregulares en el Ferrocarril Belgrano Cargas. Para el juez, es responsable de una serie de “artimañas que permitieron el apoderamiento de fondos públicos por parte de las autoridades de Belgrano Cargas” por casi tres millones de pesos (ver el caso en pág. 4).
Bonadío procesó a otras cinco personas y dictó falta de mérito a casi cincuenta imputados, entre ellos empresarios, sindicalistas y funcionarios, y sobreseyó a unos pocos. Entre los beneficiados están Raúl Garré, hermano de Nilda, y dos hombres de Hugo Moyano.
También procesaron al sindicalista José Pedraza y su esposa Graciela Coria –presidenta del Belgrano Cargas–, el ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero, y dos directivos del Belgrano Cargas y la Sociedad Operadora del Estado: Angel Luis Stafforini y Carlo Luigi Cappelli. En el fallo, el juez explicó su decisión de ordenar la detención de Jaime. El magistrado considera que Jaime le hace correr riesgos, y disparó un tiro por elevación a un sector del Gobierno. “Cabe destacar –afirmó el juez– que uno de los elementos sustanciales de la investigación es determinar el dinero que ingresó en la empresa (Belgrano Cargas) y qué destino se le dio. Así, es posible sostener que Jaime, atento a sus vínculos con altos funcionarios del Estado al haber formado parte del gobierno actual, de continuar en libertad podría entorpecer el accionar judicial”.
Bonadío también se basó en un antecedente de Jaime: se refirió al juicio oral que debe afrontar por intentar robar pruebas frente a un policía durante un allanamiento en su casa de Córdoba, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito.
