El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi pateó la pelota al Ejecutivo y solicitó que el Ministerio de Justicia analice cómo modificar la legislación para avanzar en el intercambio de pruebas que la Justicia de Brasil tiene en su poder sobre el pago de sobornos de la constructora Odebrecht y sus socias locales a ex funcionarios argentinos. Así lo confirmaron fuentes judiciales a PERFIL. La llegada de los testimonios de los ejecutivos que declararon como arrepentidos en Brasil viene dilatándose desde diciembre de 2016. Las declaraciones de los hombres de Odebrecht que ya admitieron el pago de coimas por al menos US$ 35 millones en la Argentina entre 2008 y 2014 incluyen los nombres de los intermediarios en los pagos y de los ex funcionarios kirchneristas que recibieron los sobornos. La Justicia de Brasil tiene también en su poder la documentación bancaria aportada por Suiza que prueba algunos de esos pagos y las constancias internas de la constructora de Marcelo Odebrecht que dejaron asentados a los destinatarios de los pagos. La entrega de todas las pruebas depende de la firma de un acuerdo en el que Brasil exige a la Justicia argentina que garantice la inmunidad penal, civil y administrativa de Odebrecht en el país, debido a que la empresa ya fue juzgada en Brasil por los sobornos. Hasta ahora, ningún juez argentino accedió a firmar dicho acuerdo, argumentando que están imposibilitados de garantizar legalmente la inmunidad a los ejecutivos que admitieron el pago de sobornos. Mediante un oficio enviado al ministro Germán Garavano, el juez Martínez de Giorgi propuso al Gobierno analizar una reforma legislativa para posibilitar un acuerdo de este tipo con Brasil. El magistrado citó a indagatoria a 49 ex funcionarios kirchneristas y ejecutivos de empresas por presuntas coimas y el supuesto direccionamiento de la licitación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. A pesar de que el juez citó pruebas de los presuntos sobornos en su resolución, Martínez De Giorgi sabe que no cuenta con el panorama completo. “Este llamado a indagatoria tiene puntos flojos: falta la información que está pedida al exterior y que no fue enviada”, sostuvo una alta fuente de la causa. “Los acuerdos multilaterales posibilitan que Brasil pueda imponer estas condiciones cuando pedimos que nos envíe las pruebas. Lo que nosotros no tenemos es una norma que nos habilite a avanzar en esos términos que nos exige Brasil”, agregó la fuente. Una posible “reforma legislativa” podría ser la solución para este tipo de casos, explicaron en el juzgado federal. El Ejecutivo deberá analizar ahora cómo proponer al Congreso un marco legal que habilite estos acuerdos, que ya fueron celebrados en casi todos los países donde Odebrecht admitió sobornos. Además, la causa plantea por primera vez una citación de Marcelo Odebrecht como imputado en una causa argentina. El juez lo pedirá vía exhorto, pero para eso depende de que un magistrado brasileño acepte su pedido. Este punto será parte de la controversia con Brasil, ya que el empresario firmó un acuerdo con la Justicia de su país que le garantiza no ser juzgado por los mismos hechos en otra jurisdicción.
