La ley antibarras está trabada por diferencias sobre las penas

El 28 de noviembre de 2018, solo cuatro días después de las pedradas al micro que trasladaba a los jugadores de Boca Juniors rumbo al Monumental para jugar la final de la Copa Libertadores, ingresaba al Congreso el denominado proyecto de ley antibarras. El apuro del Ministerio de Seguridad obedecía al fuerte revuelo en los medios, donde especialistas de todo tipo pedían penas más duras para los barrabravas y cambios en la organización de los operativos de seguridad.

A mediados de diciembre, en sesiones extraordinarias, el proyecto logró media sanción por unanimidad en Diputados y se esperaba un rápido pase al Senado, pero el tema volvió a comisiones y nunca logró avanzar. A nueve días de un nuevo superclásico, las miradas vuelven sobre el Congreso pero el tema se encuentra frenado desde principios de año por diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre la gravedad de las penas y la necesidad de incorporar más medidas de corte preventivo que nunca se pudieron acordar.

Gabriela Burgos, la diputada radical que preside la Comisión de Legislación Penal, admitió en diálogo con PERFIL que fueron las diferencias entre los bloques las que complicaron su aprobación y dejaron casi sin chances su avance en medio de un año electoral. “Al momento de la discusión de los puntos claves de la norma, se vislumbró cómo algunos bloques políticos que en un principio acompañaron la propuesta, aún pidiendo sanciones más rigurosas que la propuesta del Ejecutivo, asintieron a la violencia con su silencio y priorizaron más intereses propios y ajenos. Esto es lo que se evidenció cuando el año pasado no se pudo avanzar en el recinto”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recordó durante la última semana que “nos falta una norma que venimos pidiendo hace un tiempo, una ley contra los barras. Espero que en algún momento salga para generar una adecuación penal más seria. Hace unos años, cada vez que un barra pedía un recurso de amparo se lo daban; ahora no”, señaló la funcionaria. Bullrich anunció además la intención de quitar la custodia policial a los micros que transporten barrabravas.

El próximo martes 1° de octubre será el primer partido entre River y Boca por la semifinal de la Copa y tres semanas después, el martes 22, será el partido de vuelta en la cancha de Boca, solo cinco días antes de las elecciones presidenciales. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que estará a cargo de ambos operativos, aseguraron que no constituye una complicación el hecho de que el partido sea en la previa a las elecciones. “¿Qué asegura que sea mejor hacerlo después de las elecciones?”, razonaron desde el entorno del ministro Diego Santilli, donde ya están trabajando para armar dos esquemas que mostrarán diferencias.

La seguridad electoral está en su mayoría controlada por la órbita nacional y, según afirmaron, no interfiere en el operativo futbolístico porteño, que estará supervisado por el Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires que fue creado a comienzos de 2019 y que es comandado por una mujer, Valeria Sikorski.

Para el primer partido en River, el despliegue será similar al del domingo 1° de septiembre en Núñez por la Superliga, aunque con mayor cantidad de efectivos policiales. En cambio, para el segundo partido en Boca cambiarán algunas variables sobre todo en la cobertura en las inmediaciones del estadio y en los posibles festejos en el Obelisco, que tendrían lugar cerca de la medianoche.