En simultáneo a las tareas de búsqueda del joven Tehuel De la Torre, desaparecido hace ya dos meses en la zona de Alejandro Korn, la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con el debate de un proyecto para la prevención de la violencia institucional en la que hubo fuertes testimonios de familias de víctimas, como el de Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro.
“Las leyes existen pero nadie las cumple. No hay conciencia sobre el dolor que ocasiona la violación de nuestros derechos. No solo tenemos que lidiar con el duelo de perder a un hijo sino con el amedrentamiento que sufrimos por parte de la policía, los fiscales y los jueces. Nos hostigan, no investigan y no nos escuchan. Es una tortura constante”, sostuvo Castro, en alusión a lo que fue el proceso de búsqueda de su hijo durante largos meses y el posterior pedido de justicia para conocer sobre lo sucedido.
Cristina Castro reconoció que "la ley de víctimas existe, pero no se está cumpliendo, por eso necesitamos que se respeten las normas", dijo durante la reunión de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos que se realizó de manera virtual.
Tehuel fue a buscar trabajo y desapareció: no se sabe nada de él
El proyecto busca establecer un régimen de prevención y erradicación de casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional.
Asimismo, apunta a crear un programa de reentrenamiento con perspectiva de DDHH para dichos organismos y la asistencia integral y reparación a las víctimas, entre otras cuestiones.
Con respecto a las víctimas de violencia institucional, la iniciativa dispone que “tienen derecho a una reparación plena y efectiva que comprenda medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima".
A poco más de un mes del inicio de la cuarentena, en abril de 2020 Facundo Astudillo Castro fue detenido en una localidad cercana a Bahía Blanca por una supuesta violación a las condiciones del confinamiento estricto y apareció muerto en agosto de ese mismo año, luego de intensas semanas de búsqueda por toda la provincia de Buenos Aires.
La diputada radical Karina Banfi, quien estuvo a cargo de la invitación de Cristina Castro, manifestó que "tenemos que terminar también con la otra parte de la violencia institucional, con esa que sufren los familiares de las víctimas cuando se enfrentan a un Estado que encubre a los asesinos de sus hijos. Erradicarla debe ser una decisión política, no puede haber grieta en la defensa de los derechos humanos", dijo durante la reunión de ambas comisiones.
También brindó su testimonio María Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, el jóven que fue asesinado por policías en Córdoba luego de evadir un control policial en medio de la cuarentena.
"La policía tiene impunidad y falta de formación. Hicieron un lavaje de cara con mi hijo y a los dos meses murió otro chico. Les pido por favor que hagan algo", imploró Laciar durante el encuentro en la Cámara de Diputados.
En Comisión de DDHH escuchamos los dolorosos relatos de las madres que perdieron a sus hijos por violencia institucional en el último tiempo. Desgarradores. Soledad, mamá de Blas Correas con valentía denunciando la inacción y la responsabilidad política👇
— Brenda Austin (@brendalisaustin) May 26, 2021
La diputada del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires Paula Penacca es una de las impulsoras del proyecto y al respecto señaló que "no va a haber posibilidades de erradicar la violencia institucional si no asumimos un compromiso transversal a las diferentes fuerzas políticas y a los gobiernos. Se llega a este debate por que hay decisión política".
La de hoy fue la cuarta reunión informativa y por ahora no se llegó a la instancia de la firma del dictamen del proyecto, por lo que aún debe transitar su camino para poder llegar al recinto y lograr la media sanción.
Por su parte, la diputada del Frente de Todos Mónica Macha propuso: "Con los testimonios que se han vertido podemos coincidir en que la violencia institucional no puede seguir siendo una práctica en nuestro país ¿Por qué no retomar un acuerdo que nos involucre a todos los partidos?".
También expusieron Stella Marís Martínez, Defensora General de la Nación; Alejandro Amor, de la Defensoría Porteña; Emelina Alonso, secretaria a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad y de la Secretaría Letrada de Violencia Institucional, del Ministerio Público de la Defensa de CABA; Martha Arriola, coordinadora del Movimiento Cuidadores de la Casa Común; y Patricia Isorni, presidenta del Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero e integra el colectivo de Madres del Dolor de dicha provincia.
