La mano derecha de De Vido arma licitaciones

Es otro de los pingüinos que vino del frío patagónico para aclimatarse al calor político del poder. Y al poder que da el dinero. Sobre todo si es público. Suyo, mío, de todos. Pero Claudio Uberti, director ejecutivo del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y ladero fiel del súperministro Julio De Vido, maneja a discreción fondos estatales. Muchos. El año pasado, el Presupuesto Nacional le asign ó $ 239 millones. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, lo estimuló con $ 300 millones más. Y el Presupuesto 2007 le otorgó 364 millones. Más el acceso a los archiconocidos fondos fiduciarios que nadie controla.

Por suerte está Uberti, que tiene experiencia en el manejo de plata. Tiene suculentas deudas con varias entidades financieras y el Banco Patagonia, al que le adeuda $ 23.700, lo declaró insolvente. Por suerte, en estas menudencias personales no se detienen los principales organismos de control estatal. Tanto la SIGEN como la AGN vienen cuestionando con dureza la forma en que se desenvuelve el OCCOVI, hacia dentro y hacia fuera.

Uberti cumplirá 50 años el 3 de diciembre. Y mientras prepara tan magno festejo, continúa con otro tipo de fiesta. Perfil descubrió que el OCCOVI arma licitaciones en las que establece cláusulas que direccionan el proceso.

Hay nueve corredores viales concesionados bajo la órbita del Estado nacional. Son casi 10 mil kilómetros de rutas que explotan empresas privadas. El OCCOVI de Uberti es quien debe garantizar que esas empresas cumplan con sus obligaciones y compromisos de inversión.

Pero el ente parece tener un doble papel en esta película, porque además de “controlar”, termina por beneficiar en los hechos a las recaudadoras de los peajes. ¿Cómo? Les hace licitaciones a medida, poniendo requisitos que (muy) difícilmente puedan cumplir el resto de las constructoras.

El OCCOVI dejó de ser un simple organismo de control hace tres años, cuando el presidente Néstor Kirchner le dio la atribución de licitar la construcción o ampliación de rutas y autopistas. Es decir, el Estado asumió las obligaciones que tenían las concesionarias de mejorar la calidad de los caminos a cambio de que éstas no aumentaran los peajes.

Kirchner amplió la caja del ente de control, y aceptó la sugerencia de su ministro De Vido de poner allí a Uberti: fue el garante de que las concesionarias, que debían 824 millones de pesos al Estado, pudieran renegociar sus contratos con éxito.

Un amigo. Este año, el OCCOVI llamó a licitación para construir la segunda calzada de la ruta Nº 226 a la altura de Olavarría, en un tramo de 7 kilómetros. Es una obra de $ 32 millones, pero parece que los oferentes no tendrán igualdad de oportunidades a la hora de competir.

Entre los requisitos excluyentes se pide a las empresas constructoras que tengan normas de calidad (conocidas como ISO 9000) en el rubro “atención al usuario”. Sin embargo, la licitación es para construir una ruta, no para atender al usuario. Por eso, la mayoría de las empresas constructoras pueden ser objetadas y quedarse afuera de la licitación tan sólo con la aplicación de esa cláusula. Las únicas que pueden cumplir con semejante imposición son las compañías que tienen la concesión de las rutas o autopistas. Llamativo.
Las concesionarias atienden al usuario a través de los peajes y por eso pueden certificar normas ISO. “Si la obra no es para atender al usuario, como en este caso, estaríamos hablando de una licitación direccionada, por lo tanto, pasible de nulidad”, explicó a Perfil el abogado Ariel Caplan, especialista en derecho administrativo y ex representante de los usuarios en la comisión renegociadora de contratos.

Caplan advirtió que exigir normas ISO en atención al usuario para la construcción de una ruta es “una restricción indebida a la libre concurrencia”. El principio de la concurrencia, precisamente, está en las obras públicas para garantizar la mayor cantidad de oferentes, achicar el margen de error del Estado y permitir un costo lo más bajo posible. “Lo que termina ocurriendo con las licitaciones direccionadas es que el Estado termina pagando más”, precisó Caplan. Para Susana Andrada, titular del Centro de Educación al Consumidor, también se trataría en este caso de una licitación “direccionada”.

Pero no sólo con esa cláusula se estaría beneficiando a las concesionarias. En mayo de 2006, el OCCOVI adjudicó otro tramo de la misma ruta a una empresa que salió tercera en la licitación, pero que, casualmente, era (y es) la concesionaria de la 226: Coarco SA.. Esa firma marplatense ofertó un 4 % por encima del presupuesto oficial, mientras que otras dos constructoras habían presupuestado por debajo, pero quedaron afuera por no cumplir con la “capacidad técnica financiera requerida”. En síntesis, la misma concesionaria ganó la licitación para mejorar un tramo de su propia ruta con dinero del Estado. Es legal, pero ¿legítimo?

“La ruta nacional 8 que une Pilar-Pergamino la tiene concesionada el grupo Eurnekian. Y la adjudicación de la autopista la gana también Eurnekian, que es un deudor del Estado”, advirtió a Perfil el titular del Comité de Defensa del Usuario Vial, Ricardo Lasca.
“Hay un concesionario que cobra un peaje, pero licitan la obra que también la gana el concesionario, porque tiene más antecedentes por estar en la ruta, y porque tiene la norma ISO. Esto es un viva la pepa”, ironizó Lasca, que en 2003 participó como defensor de los usuarios de las reuniones en las que se definió la renegociación de los contratos viales.

Confiable. ¿Alguien le podría reprochar algo a Uberti? Seguramente no su jefe. Tal como adelantó Jorge Lanata en Perfil hace exactamente un año, el ministro de Planificación se traslada en un Peugeot 605 azul marino, con vidrios polarizados y patente EGH 299. Como titular de ese dominio figura Autovías Oeste S.A., la empresa que ganó la licitación para mejorar el acceso vial a la localidad bonaerense de Mercedes. Una adivinanza tan obvia como la del caballo blanco de San Martín: el OCCOVI de Uberti fue el que adjudicó esa obra.

Pero tampoco es que la lleva con tanta tranquilidad. Además de los cuestionamientos de los organismos de control , Uberti fue denunciado varias veces ante la Justicia.

Por ejemplo, bajo el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público, caso en el que la jueza María Romilda Servini de Cubría cerró la causa sin darle siquiera vista al fiscal.

Por ejemplo , por impedir el acceso a la información pública del OCCOVI, denuncia que presentó la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas a instancias de un particular. El juez federal Ariel Lijo decidió sobreseerlo en apenas cinco meses.
Sólo permanece activa una causa que lleva el juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid. Pero en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py nadie apuesta ni 10 centavos a que se ponga en aprietos a la mano derecha de De Vido. Al menos por ahora.

Generoso. Uno de los dones que se le reconoce a Uberti es el de la generosidad. No sólo consiguió multiplicar el dinero que maneja, sino también la propia estructura del OCCOVI. Fuentes del organismo señalan que, cuando llegó al cargo, trabajaban allí unas 150 personas. Hoy la dotación asciende a más de 350.

Entre las incorporaciones figura la de Patricia Mónica Palacios, una ariana que acaba de cumplir 49 años. Palacios es la esposa de Uberti y madre de sus tres hijos (dos mujeres y un varón). Está claro que el funcionario no puede pasar muchas horas alejado de su cónyuge: según los registros de la Anses, ella lo acompañó en cada uno de los destinos laborales que tuvo Uberti antes de desembarcar en el Ministerio de Planificación. Eso es amor.

Sólo la deja un poco abandonada cada vez que tiene que viajar a Venezuela o cuando debe hacer de anfitrión a las numerosas y reservadas misiones político-comerciales que llegan desde la tierra de Hugo Chávez. Fuera de los rumores seguramente malintencionados, nadie se atreve a argumentar con claridad por qué el hombre que maneja las concesiones viales argentinas es una de las principales rutas de acceso a los millonarios negocios que se armaron entre Buenos Aires y Caracas en los últimos tres años. En voz casi inaudible, algunos empresarios aseguran que es imposible sumarse a cualquier emprendimiento con Venezuela sin pasar por Uberti. Acaso su experiencia en peajes lo explique todo.