De las 15 detenciones que se realizaron el pasado 9 de julio durante 18 allanamientos, ordenados por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, ya no queda ninguna persona tras las rejas y tampoco hay ningún procesado tras el procedimiento. Lo único que quedó de aquel megaoperativo, que comenzó minutos antes de que amanezca, es el cuerpo de un veterano espía de la Secretaría de Inteligencia (SI), Pedro Tomás Viale, alias “el Lauchón”, acribillado en el baño de su casa por el fuego de los uniformados de la policía bonaerense.
Ahora la investigación de la muerte del espía, que para Culotta formaba parte de la supuesta banda de narcotraficantes, estaría por caer en la Justicia Federal.
Los abogados de la familia del agente no querían que la causa quede en manos del fuero penal bonaerense, ya que los alcances de la investigación podían llegar hasta las puertas del despacho del ministro de Justicia de Buenos Aires, Ricardo Casal.
Por el fatal desenlace del allanamiento en el domicilio del agente de inteligencia, Casal, que en ese momento era ministro de Justicia y Seguridad, ordenó el relevo de los policías a cargo del operativo.
Entre los desplazados se encuentra el comisario general Marcelo Peña, jefe antidrogas de la Policía Bonaerense y del jefe de la Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas de San Martín, comisario Enrique Maldonado.
Las máximas autoridades del Ministerio y de la Policía aseguraron que nadie les había avisado que se estaba por detener a un agente de la SI.
Sin embargo, ahora se habla de la presunta existencia de un informe en el que Peña daría cuenta a sus superiores de que El Lauchón se encontraba en la mira de una investigación por narcotráfico.
La ola de allanamientos había sido el resultado de dos años de pesquisas sustentada en una denuncia anónima.
Culotta, con apoyo de la Subdelegación de Investigaciones de Tráfico Ilícito de Drogas del distrito de San Martín, estaba detrás de una supuesta banda de narcotraficantes que tenía el negocio paralelo del robo de propiedades de personas fallecidas, con el apoyo de un escribano. Según el expediente judicial en poder de Culotta, el espía y uno de sus hijos eran parte de la asociación ilícita.
Aún quedan dudas sobre quién ordenó la participación del Grupo Halcón para detener a Viale, y que terminó en su muerte.
En el juzgado de Culotta se defienden diciendo que esa fue una decisión de la propia policía.
También hay sospechas de que los uniformados de la provincia de Buenos Aires se apoyaron en directivas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación.
