La esposa del ministro de Planificación Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, publicó una columna de opinión en el diario Tiempo Argentino luego de que PERFIL informara que la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, debe decidir si se reabre la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra los De Vido.
Minnicelli, ex síndica adjunta de la Nación, aseguró que ni ella ni su marido se han “enriquecido ilícitamente”. Lo hizo a una semana de que se venza el plazo de la Casación para decidir si reabren la causa.
De Vido y su esposa fueron sobreseídos en 2009 por el entonces juez Octavio Aráoz de Lamadrid. La Justicia encontró la forma de archivar la causa. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) apeló la decisión del juez y dijo entonces: “La investigación no se ha agotado en la medida en que resta prueba por producir”. Pero la Cámara de Apelaciones le negó la potestad de reclamar y sostuvo que el incremento patrimonial de los De Vido –que pasó de $ 954.654 a $ 1.435.089 entre 2003 y 2009– era acorde a sus ingresos. La FIA volvió a recurrir a la Justicia para que reviera la decisión. Cinco años después, el máximo tribunal penal deberá determinar si la FIA puede intervenir contra el ministro y reimpulsar la causa.
“La ventilan –a esta causa– seguramente con el fin de presionar para evitar que se avance en el sobreseimiento y también para reinstalar a De Vido como ‘el corrupto’, ‘el cajero’”, escribió Minnicelli en su columna.
Los jueces de la Casación tienen en sus manos un dictamen que no favorece a los De Vido. El fiscal Raúl Pleé analizó la causa y sostuvo no sólo que la FIA puede intervenir contra el Ministro, sino que no se hizo todo lo que se podía haber hecho para investigarlos.
Pleé sostuvo que la decisión de sobreseerlos fue “arbitraria”. Habló de “inadecuada valoración de los elementos de prueba y el carácter prematuro del sobreseimiento”. Agregó que se “omitió realizar una revisión histórica” del patrimonio y que se cerró la causa a pesar de que “existen medidas de prueba pendientes”. Por ejemplo, sobre la compra de la propiedad del matrimonio en Zárate; sobre los gastos de tarjeta de crédito del matrimonio que nunca se solicitaron; pedidos de informe a la Caja de Valores SA que nunca se realizaron; a Migraciones, para saber las salidas e ingresos del matrimonio al país; a los colegios de escribanos de Santa Cruz, Buenos Aires y Córdoba para conocer las operaciones del matrimonio.
Tampoco se pidieron a la Inspección General de Justicia los estados contables de las empresas del matrimonio y de sus hijos, ni se averiguó si prestan servicios al Estado. Todas medidas de prueba básicas en una causa por enriquecimiento.
Todo indica que la Casación fallará como lo hizo la Corte Suprema en el caso Moreno y dejará otro precedente clave para las causas contra funcionarios públicos o empresas del Estado. De ser así, la Cámara Federal de Apelaciones deberá reabrir el expediente y citar a la FIA para escuchar sus argumentos.
En un fallo contra el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la Corte Suprema dio a la FIA la potestad de apelar e intervenir en cualquier instancia de una causa, sea o no la denunciante que originó el expediente.
