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POLITICA / Estudio de integridad
miércoles 27 marzo, 2019

La OCDE le dio 191 consejos anticorrupción a la Argentina

Presentó un informe en la Casa Rosada, con líneas que serán tenidas en cuenta para permitir el ingreso del país al selecto grupo de países desarrollados. Déficit en el "cambio real de las conductas".

por Gabriel Ziblat

Fernando Sánchez y Laura Alonso en Casa Rosada junto a los representantes del área de gobierno de la OCDE presentando el estudio de integridad. Foto: Twitter @nataliafidel
miércoles 27 marzo, 2019

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó este miércoles un informe en el que le hace 191 recomendaciones al Estado argentino para avanzar en la lucha contra la corrupción. Allí, el organismo pone la mira en diferentes categorías, pero sobre todo hace hincapié en profundizar el marco de control interno, fortalecer el proceso de sanciones disciplinarias, mejorar el mecanismo de presentación de las declaraciones juradas, promover la aplicación de la ley de ética pública a nivel provincial, y combatir los conflictos de interés, entre otras.

De concretarse el interés del gobierno de Mauricio Macri de ser invitado a integrar el grupo que nuclea a los países más desarrollados estos puntos serán tenidos en cuenta por los países miembros para definir si aceptan el ingreso del país o no. Según el informe elaborado por el organismo, la percepción de corrupción que hay en la Argentina está cerca del promedio regional, pero es significativamente más alto que el promedio del G20 y la OCDE.

OCDE Corrupción en Argentina

El estudio fue presentado en la Casa Rosada, en una conferencia liderada por Fernando Sánchez (secretario de Fortalecimiento Institucional) y Laura Alonso (Oficina Anticorrupción) de la que participaron dos funcionarios de la OCDE: Marcos Bonturi (director de Gobernanza Pública) y Julio Bacio Terracino (jefe adjunto de la División de Integridad). En la misma jornada, en el Ministerio de Hacienda, representantes de la OCDE presentaron también un informe económico, analizando las perspectivas futuras del país.

Bonturi destacó los avances realizados en la materia por la administración Macri pero aseguró que “Argentina sigue enfrentándose a retos en la implementación de un verdadero sistema de integridad”. “La gran cuenta pendiente, como en muchos países de la región, se relaciona con la necesidad de trascender las regulaciones descritas en papel y lograr un cambio real en las conductas, promoviendo incentivos a la integridad de manera efectiva”, agregó. Y concluyó: “El objetivo central es transitar de ‘gobiernos reactivos’ y respuestas apremiadas por crisis coyunturales, a políticas de integridad estables y preventivas que fortalezcan verdaderos y confiables estados proactivos”.

Las 191 recomendaciones están apuntadas a diferentes organismos y estamentos del Estado. La Oficina Anticorrupción es la que aparece apuntada con los mayores desafíos para fortalecer su desempeño, pero también se enfoca a la Jefatura de Gabinete, la Sigen, el Poder Legislativo, la AGN, la Procuración del Tesoro e incluso a dependencias de menor rango como la Secretaría de Empleo Público o la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil.

El primer capítulo hace referencia a la necesidad de que haya un sistema de integridad pública coherente y coordinado en todo el país. Un desafío especial, sobre todo considerando las grandes diferencias que existen en las agendas de transparencia entre las diferentes provincias y más aún en los municipios. Y también considerando que la ley de ética pública hoy solo es tomada en cuenta por el Poder Ejecutivo y no por los otros poderes del Estado.

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En el segundo y tercer capítulo, la OCDE plantea la necesidad de que las políticas de integridad estén basadas en evidencias comparables (ahí incorpora al Indec) y al desarrollo de una “cultura de integridad” en todo el Sector Público. En este último punto, el estudio valora el decreto firmado el año pasado por Macri que prohibió la designación de familiares de funcionarios con rango de ministros para arriba, pero plantea la necesidad que se incorpore también a los secretarios.

En el capítulo cinco se presentan recomendaciones para apuntalar el control interno mientras que el seis plantea la necesidad de “fortalecer el régimen disciplinario para una mayor responsabilidad y legitimidad del sistema”.

En el séptimo, la OCDE pone la mira en la regulación del lobby, el financiamiento partidario y la transparencia de los actos eleccionarios (de hecho, recomienda la implementación del sistema de boleta única que se utiliza en Australia).

Y el último, hace eje en el cambio cultural que es necesario, punto en el que incorpora a las recomendaciones al Ministerio de Educación.

Para Fernando Sánchez, el informe “es un reflejo de los grandes avances que venimos haciendo en la materia” y destacó que las 191 recomendaciones recibidas, en su mayoría, “ya están en marcha”. “Algunas cuestiones son de corto y otras de largo plazo”, manifestó.

 


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