El caso Correo Argentino SA; un fallo central para el jefe de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) y amigo presidencial, Gustavo Arribas; la causa del soterramiento del Sarmiento; el destino de la investigación de los aportantes truchos de Cambiemos; la definición sobre Gianfranco Macri en la causa de los cuadernos; y un nuevo caso de presunta corrupción en la obra pública de la era macrista marcarán el 2019 judicial de Mauricio Macri, en plena campaña electoral.
El caso Correo seguirá creciendo en distintas aristas. Es sin duda uno de los frentes más sensibles para Macri. Pega directamente en su nucleo familiar pero también a su gobierno y a su propio accionar como mandatario. El Gobierno de Macri y la empresa de su familia debían llegar a un acuerdo para que Correo Argentino SA pagara una deuda con el Estado, que viene arrastrando desde hace casi dos décadas por cánones adeudados durante la concesión del correo.
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Los funcionarios de Macri debían garantizar los intereses del patrimonio público pero terminaron firmando un pacto por el que que el Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017. En el fuero Comercial, el Ejecutivo todavía no llega a un nuevo acuerdo para el pago de la deuda. La última prórroga solicitada por el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, de 180 días hábiles, se vence en 2019. Tarde o temprano, las partes deberán definir el pago, con resultados inevitables para Macri: perderá el Estado o su familia.
La Corte Suprema, sumida en una profunda crisis de poder interno, también jugó un rol central en el caso. Se esperaba que la definición llegara en 2019, pero los jueces adelantaron su decisión para la última semana del año, de manera unánime: rechazaron el pedido de los abogados de la familia Macri que buscaba frenar una investigación de la fiscal general Gabriela Boquin por presunto vaciamiento de Correo.
Boquin detectó que Sideco, la nave insignia de la familia presidencial, había instrumentado un mecanismo para extraer fondos de las cuentas de Correo Argentino SA que debían ser resguardados para el pago de la deuda. El dinero iba a parar a los bolsillos de la propia Sideco. Los abogados de los Macri sostenían que la fiscal no tenía facultades para investigar. La Corte destrabó el camino para que Boquin avance contra la empresa.
En el fuero penal, el juez Ariel Lijo indagará en febrero al ministro Oscar Aguad por haber realizado aquel acuerdo “abusivo” con Correo Argentino SA, en junio de 2016. El fiscal Gerardo Pollicita determinó que Aguad, que entonces se desempeñaba como ministro de Comunicaciones y actualmente encabeza la cartera de Defensa, “obligó a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito con el interés de beneficiar a la empresa involucrada”, cuyos dueños son los hermanos e hijos del Presidente.
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Lijo también citó el presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la compañía, Jaime Kleidermacher el 19 y 21 de febrero, respectivamente. Los dos últimos son hombres de estrecha confianza de la familia presidencial.
El presidente había sido imputado en la causa penal por el fiscal Juan Pedro Zoni, luego apartado de la fiscalía. Tanto Lijo como Pollicita deben avanzar durante 2019 también con la investigación sobre el rol que cumplió Macri en el acuerdo entre el Gobierno y la empresa de su familia.
Cuadernos. Gianfranco Macri, hermano del Presidente y hombre central en el gerenciamiento de Sideco, fue indagado por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos. El magistrado citó al empresario por la concesión de autopistas y el supuesto pago de sobornos a los Kirchner.
Aunque los investigadores y la defensa detectaron supuestos errores en los argumentos de Bonadio y creen que los elementos en el expedientes apuntan a una falta de mérito, el juez más impredecible de los tribunales federales no suele realizar movidas de alto voltaje político sin una carta bajo la manga. Deberá decidir si procesa o no a Gianfranco después de la feria judicial.
Aportantes truchos. Lo que queda en pie del caso de los aportes falsos de Cambiemos también se definirá en 2019. El presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, dejó pendiente para febrero el destino de la investigación sobre los fondos de campaña de la elección presidencial de Mauricio Macri (2015) y de las legislativas de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires.
El caso destapó cómo el oficialismo utilizó las identidades de ciudadanos humildes y empleados de empresas proveedoras del Estado para simular contribuciones de dinero a la campaña. Los coletazos activaron nuevas denuncias, que demostraron que la maniobra de Cambiemos en territorio bonaerense se repetía en la recaudación de la campaña presidencial de Macri. Tras enviar el caso bonaerense a la Justicia electoral de La Plata, el caso de la campaña 2015 y las porteñas 2017 quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, por decisión del propio Irurzun.
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Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli, que entiende en el expediente, solicitó a Casanello que también se desprenda de estos casos. Casanello se opuso. El fiscal general Germán Moldes apoyó a Stornelli. Ahora, es Irurzun quien debe determinar si los casos de aportantes falsos en estas dos campañas pueden seguir siendo investigados como casos de presunto lavado de dinero o terminar en un expediente de irregularidades electorales, como los aportes falsos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
Para Macri, hay un abismo entre una opción y otra. Una acusación de blanqueo de dinero de origen ilícito de su campaña presidencial implicaría consecuencias legales y políticas de alto impacto, mientras que una causa electoral tendrá un efecto pasajero.
Socios. En los últimos días del año, nació un caso que podría convertirse en otro dolor de cabeza para Macri y uno de sus principales socios: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, principal impulsor del proyecto vial Paseo del Bajo. También fue denunciado el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Se trata de una de las obras emblema del macrismo y en ejecución, blanco de una causa judicial iniciada por la Procuraduría de investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.
La obra está denunciada por el supuesto direccionamiento de la licitación y la adjudicación a un precio mayor al que hubiese correspondido. La empresa beneficiada para construir uno de los tramos del paseo fue Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo del Presidente, con un presupuesto de $4.480 millones. El caso quedó a cargo del fiscal Carlos Stornelli, el mismo de los cuadernos. El juez de la causa es Sebastián Casanello.
Arribas y soterramiento. Otro socio que podrá cambiar el humor presidencial en 2017 es Arribas, jefe de los servicios de inteligencia y uno de los hombres del entorno más cercano a Macri. El funcionario había sido denunciado por su supuesta participación en el caso Odebrecht, debido a una serie de transferencias bancarias que recibió en su cuenta en Suiza de un brasileño dedicado a gestionar el pago de sobornos en el caso Lava Jato. Sin embargo, Arribas fue sobreseído de manera exprés y la causa se cerró. La PIA apeló esa decisión en varias instancia hasta llegar a la Corte Suprema, que tiene en carpeta el caso para definir si habilita a la procuraduría a pedir la reapertura de la investigación penal. Los jueces de la Corte tienen pendiente la decisión desde febrero de 2018. El expediente ya fue analizado por todos los miembros del tribunal y se espera una definición para el próximo año.
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La causa por supuestas irregularidades y sobornos a ex funcionarios kirchneristas por la obra del soterramiento del Sarmiento también tendrá movimientos importantes en 2019. El juez Marcelo Martínez De Giorgi tiene dos decisiones pendientes para el próximo año: si procesa a Calcaterra y propiciar (o no) el acuerdo para la llegada de información desde Brasil sobre el pago de sobornos. Información que perjudica al primo del Presidente. n
