El Gobierno defendió la semana pasada el decreto de Mauricio Macri que habilita a los familiares directos de los funcionarios a blanquear activos. Aunque no hicieron declaraciones públicas –un día antes había hablado Marcos Peña sobre el tema– un funcionario macrista le dijo a PERFIL que el decreto viene a solucionar una “zona gris” que existía con las propiedades previas a la asunción de los funcionarios.
Mientras tanto, desde la oposición advirtieron que el Presidente podría estar favoreciendo a su propio padre. “Blanquear es amnistiar. Y Macri está amnistiando a su padre”, dijo Felipe Solá, diputado del Frente Renovador, quien sumó una denuncia penal a la que ya había presentado el kirchnerismo.
“No podemos culpar a los familiares. Para aquellos funcionarios corruptos, esto ayuda a seguir la ruta del dinero”, retrucó el funcionario PRO. Para Peña, la polémica deberá resolverse en la Justicia. “Tendrá (la Justicia) que analizar si el decreto es o no una modificación a la ley. Nosotros creemos que no y que complementa la ley sin violar el espíritu de que los funcionarios no pueden acceder al blanqueo con bienes que puedan tener origen dudoso”, precisó.
El decreto generó ruido en las filas de Cambiemos, desde donde llegaron rechazos del radicalismo (por ejemplo de Mario Negri, titular del interbloque Cambiemos en Diputados) y de la Coalición Cívica, desde donde habló Paula Oliveto, a pesar de que Elisa Carrió guardó silencio (ver página 9).
La diputada del Frente para la Victoria María Emilia Soria le dijo a PERFIL que el decreto deroga un artículo específico de una ley “que ellos mismos impulsaron y que tiene sólo cuatro meses de vigencia”. Para la legisladora, la decisión de Macri va en sintonía con “la intención original del Gobierno, que era hacer un blanqueo amplio que incluyera a los familiares”.
Además de cuestionar la constitucionalidad de la medida, Soria –quien presentó una denuncia penal– apunta a que el decreto expone a Macri a una violación de los deberes de funcionario público.
La ley de blanqueo incluyó por pedido de Elisa Carrió y del massismo un artículo, el 83, que excluía expresamente a los familiares directos de los funcionarios del beneficio. El jueves, el diputado Felipe Solá, del Frente Renovador, advirtió que con el decreto se traicionaba un acuerdo hecho con anterioridad. Y que proponía, en su defecto, crear una bicameral para analizar el origen de los bienes de los familiares que entren al blanqueo.
