En las horas posteriores a conocerse la decisión del Gobierno de declarar como servicio público a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, diversos referentes de la oposición salieron a cuestionarla desde las redes sociales, comunicados y los medios de comunicación. En algunos casos, incluso, antes de conocerse la letra misma del decreto presidencial ya que el primer anuncio se divulgó a través de la cuenta personal de Twitter del presidente Alberto Fernández. Con desigual tono, evaluaron como negativa a la intervención estatal en ese sentido.
Para el jefe del bloque de senadores nacionales de PRO, Humberto Schiavoni, es “grave que se intervenga en un sector esencial que venía funcionando bien”. “No leí el DNU pero lo que termina pasando en estas situaciones es que el servicio no se presta o se presta en forma deficiente”, dijo el senador en declaraciones a la radio AM 750.
Por su parte, la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, consideró que la iniciativa “no se trata de una política pública errónea sino de una visión que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en el modelo venezolano”. “Esa visión ahora también es compartida por Alberto Fernandez”, evaluó la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri mediante su cuenta de Twitter.
También se manifestó crítico de la medida el ex presidente del Senado Federico Pinedo, quien consideró que “los precios de celular se pueden controlar por la emergencia que les votamos, pero no necesitan declarar internet como servicio público de titularidad estatal; es una barbaridad”. Pinedo apuntó contra el carácter de la medida y su posible impacto a nivel internacional: “La estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis; ‘servicio público’ en derecho significa servicios de titularidad estatal”.
Por último, el ex senador agregó que “es un grave error de concepto pretender que eso puede ser el acceso a internet y las tecnologías de la comunicación, que se prestan privadamente y en competencia”.
Otra de las más acérrimas críticas a la movida del gobierno nacional fue la ex diputada nacional Silvana Giudici, quien supo estar al frente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) durante la pasada administración. “Sorprende el anuncio del Presidente; cuando se necesita mayor inversión, más infraestructura y mejores servicios para soportar la demanda exponencial sobre las redes TIC producida por el aislamiento social, se fija como servicio público a internet, celulares y TV”, cuestionó en su cuenta de la red social Twitter.
Mediante un comunicado, Elisa Carrió y la Coalición Cívica ARI advirtieron que “la ofensiva de Cristina Kirchner sobre los medios de comunicación es idéntica a la del 2009 y es violatoria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”. Anunciaron que realizarán una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la cual convocarían a todos los especialistas en la temática que “no formen parte del kirchnerismo” para “frenar las embestidas de la Vicepresidente”. “La salida es la unidad en la defensa de la Constitución, la no violencia y República”, concluyeron.,
Por último, el senador radical Julio Cobos se diferenció en las críticas en tanto que expresó su conformidad con que la telefonía celular sea calificada como servicio público, tal como lo dispuso el decreto, ya que “desde hace años venimos insistiendo con esto. Es razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la telefonía celular por el impacto social que tiene”.: En tal sentido, indicó que “la tecnología distinta no es argumento suficiente para esa diferencia, el fin es el mismo”.
