La oposición cuestiona el debate y acusa al Gobierno de salvar a Boudou

El Senado comenzó este mediodía el debate por la expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana S.A. (ex Ciccone Calcográfica) para ponerla bajo la órbita de la Casa de la Moneda, en una sesión conducida por el vicepresidente Amado Boudou salpicado por denuncias judiciales por esa empresa. Mientras continúa el debate, la oposición acusa al Gobierno de intentar, mediante la iniciativa, salvar al vicepresidente, salpicado por el escándalo del Boudougate.

Mientras es el propio Boudou quien preside la sesión, los legisladores oscilan entre quienes lo acusan abiertamente de beneficiar a la empresa de su amigo y socio Alejandro Vanderbroele y quienes asegurar que el escándalo es una operación de quienes "no le perdonan" haber estatizado las jubilaciones de las AFJP.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Aníbal Fernández (FPV), defendió el proyecto porque dijo que así la Casa de la Moneda recuperará la función "insustituible" que es la emisión de moneda de curso legal en todo el país.

Fernández fue el miembro informante del oficialismo del proyecto del Gobierno para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación de la empresa en una reunión que preside, distendido, el Vicepresidente y titular del Senado, quien se encuentra salpicado en una causa judicial que investiga la quiebra de la empresa que es contratada por el Gobierno para la impresión de papel moneda.

El senador y ex jefe de Gabinete precisó que la estatización tiene su razón de ser en la deuda de 250 millones que la empresa tiene con la AFIP y la necesidad de que la Casa de la Moneda recupere su rol como emisor exclusivo de moneda de curso legal y papeles de seguridad.

Por su parte, el senador radical Ernesto Sanz aclaró que el bloque de la UCR "no va en contra de la expropiación, va en contra de la ausencia de verdad" en relación al contexto del proyecto de estatización. Sanz se quejó porque no concurrieron a la Cámara, previo a la sesión, funcionarios del Ministerio de Economía y de la AFIP para explicar aspectos del procedimiento de quiebra, al tiempo que lamentó que aunque "la respuesta que hay desde algunos sectores de la justicia es pobre, cobarde, indigna, nosotros igual vamos a seguir pidiendo igualar para arriba" para descubrir lo sucedido.

En la reunión Sanz contrapuso a las sospechas que rodean a la quiebra de la ex Ciccone la actitud que tiene la Unión Cívica Radical ante las imputaciones por las supuestas coimas a senadores durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

"Nadie podrá encontrar declaraciones públicas, ataque a jueces, hacer operaciones para desplazar jueces o levantando sospechas sobre su accionar" de su parte para entorpecer el descubrimiento de la verdad de lo sucedido, sostuvo.

El senador Juan Carlos Romero (Peronismo Federal) ratificó su voto favorable a la expropiación, mientras que en las antípodas, Jaime Linares (FAP) dijo que "no tiene ningún sentido" el apuro de la estatización y se quejó también de la falta de información de parte del Gobierno, ya que dijo que "no sabemos qué expropiamos ni en qué condiciones están las máquinas".

Vendetta. Mientras tanto, para el senador kirchnerista jujeño Walter Barrionuevo "el ataque" que recibe Boudou se debe a que "no se le perdona" haber sido "mentor intelectual y ejecutor material de la recuperación del sistema previsional argentino", en referencia a la estatización de los aportes de las AFJP.

Para el legislador, a Boudou "el diario Clarín lo ha elegido desde un primer momento como blanco de sus ataques; creo que es porque en algún momento tomó la decisión de estar cerca de los intereses populares y afectar los grandes intereses económicos de la República Argentina".

"El movimiento popular justicialista lo ganó para la causa nacional y popular" al vicepresidente, lo cual -dijo- "significó un avance cualitativo" para Boudou.

El socio oculto. A su turno, el senador radical jujeño Gerardo Morales cuestionó el proyecto debatido y hasta propuso, a modo de ironía, de llamarlo "la ley de salvataje de (Alejandro) Vanderbroele y su socio oculto". Asimismo, el legislador aseguró que la adquisición de la empresa "le costará al Estado 140 millones de pesos".

"La salida inteligente hubiera sido dejar caer Ciccone y después comprar las máquinas. ¿Para qué hacen esto si es que nada importante tiene que ver con este negocio?", se preguntó Morales durante el debate en el Senado.

Sin esperar. Desatendiendo el protocolo de la Cámara alta, las senadoras Blanca Monllau (Frente Cívico y Social, Formosa) y Laura Montero (UCR, Mendoza) escracharon al vicepresidente. Monllau, sin esperar su turno para exponer, se dirigió directamente a Boudou. "Tal vez usted, señor presidente, nos pueda ayudar proporcionándonos los nombres de aquellos a los que quiso beneficiar", espetó la formoseña. "En ese momento alguien por encima suyo decidió que cayera Righi y que la maquinaria de encubrimiento y de impunidad se pusiera a su servicio. Citando al Martín Fierro, queda claro que la ley es como la lluvia, nunca es pareja", prosiguió.

En esa misma línea, Montero aportó lo suyo: "Se sospecha que Vanderbroele es su amigo, usted lo niega y en la investigación aparecen cercanías". "Si tuvieramos un empate en el recinto hoy ¿Quién desempataría? ¿El presidente del Senado se sentiría habilitado estando esta causa y estas dudas?. Es una de las tantas preguntas", preguntó la legisladora.