La oposición en la Cámara de Diputados ya comienza a alzar su voz contra Amado Boudou luego que se conociera un nuevo pedido judicial por supuesto enriquecimiento ilícito junto a su novia y socios. Seis legisladores insistieron con el juicio político contra el vice y otra diputada pidió directamente la renuncia de Boudou.
Los diputados Patricia Bullrich (Unión Por Todos), Federico Pinedo y Paula Bertol (PRO), Eduardo Amadeo (Frente Peronista), Omar De Marchi, y Roberto Pradines (Partido Demócrata de Mendoza), ampliaron el pedido de juicio político "por hechos nuevos sucedidos con posterioridad a la presentación de dicho pedido que pueden ser considerados nuevas causales de mal desempeño", señalaron esta tarde en un comunicado de prensa.
"Los hechos nuevos que motivan esta presentación son la imputación al Vicepresidente de la Nación, de la comisión de un nuevo delito, en este caso se trataría del de enriquecimiento Ilícito, decisión que fue tomada por el fiscal federal Jorge Di Lello, la cual se encuentra en trámite ante el uzgado de Ariel Lijo y que también involucra a Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona y Agustina Kampfer", agregaron.
Que se vaya. Por su lado, la titular del bloque de legisladores del GEN-FAP, Margarita Stolbizer, aseveró hoy que "Boudou debe apartarse del Gobierno vía renuncia o licencia preventiva, debe liberar a la presidenta (Cristina Fernández) de tener que sostenerlo con el riesgo de caer ella misma en el delito de encubrimiento".
La dirigente opositora expresó que "el fiscal debe ampliar su investigación hacia otros funcionarios involucrados en la contratación de la ex imprenta Ciccone. La situación del vicepresidente se hace insostenible para la misma presidenta Cristina Fernández de Kirchner".
"Como lo hemos dicho ya varias veces: será mas fácil perdonarle el error de haberlo designado, que la complicidad que hoy implica sostenerlo e impedir la acción de la justicia. Las cosas que todo el mundo está viendo, y la justicia investigando, no pueden ser ignoradas a esta altura por la Presidenta y los demás altos funcionarios del gobierno. Lo que se impone es la cultura de la impunidad. Entonces ya no se podrá exigir conductas legales al resto de los ciudadanos", aseguró la titular del GEN.
