El pase de facturas cruzado sobre quién filtró las escuchas funciona como una metáfora del caos. La Corte Suprema, la AFI, el Gobierno y las distintas tribus de Comodoro Py se acusan mutuamente, en una pelea que excede la indignación por haber facilitado esa suerte de juego sucio. El hormiguero que va de la Rosada a los Tribunales, pasando por el edificio espejado de la ex SIDE, incluso permite un pacto inédito: kirchnerismo, massismo y Cambiemos acordaron instar a que Ricardo Lorenzetti y Ariel Lijo, entre otros, den su versión de los hechos al Congreso. Otro síntoma de la fricción entre el macrismo, el presidente de Corte y parte de la corporación judicial.
En ese río revuelto, el kirchnerismo busca sacar provecho de la situación y romper otro statu quo histórico: darle vida y perfil alto a la comisión bicameral que controla los servicios de inteligencia. En los próximos días se terminará de definir, rosca política mediante, qué senadores y diputados la integrarán. Prácticamente inactiva durante años, la bicameral tuvo a la actual segunda de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, como su vicepresidenta entre 2011 y 2015.
Los candidatos de Unidad Ciudadana para sumarse a esa comisión son los diputados Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade. Cambiemos pondrá a su presidente: los candidatos son los senadores Roberto Basualdo (por San Juan) y Luis Naidenoff (por Formosa).
Pese a sus diferencias actuales, y las que se vendrán dentro de esa comisión, el radical-kirchnerista Moreau llegó a un acuerdo con dos soldados cambiemitas: el jefe del interbloque oficial, Mario Negri, y el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli. Ambos son figuras claves en la pulseada del Gobierno contra la Corte y algunos jueces federales. Entre los tres diputados pactaron lo que después no llegó a ser aprobado en el recinto porque se levantó la sesión: que los principales actores sospechados por la difusión de las escuchas de Cristina Kirchner declaren ante el Congreso.
La lista incluye a Lorenzetti; al jefe de la AFI, Gustavo Arribas; al juez Ariel Lijo (tenía a cargo la causa en la que se ordenaron las pinchaduras a Oscar Parrilli, por una supuesta ayuda al narco Ibar Pérez Corradi), y al camarista Martín Irurzun, director de la oficina de escuchas dependiente de la Corte. Lorenzetti, Irurzun y Lijo mantienen una especie de alianza táctica. Moreau pretendía que dieran su versión en vivo; y los macristas, que lo hicieran por escrito. Si el martes próximo el proyecto consiguiera despacho favorable en la comisión de Tonelli, se trataría directamente en la próxima sesión.
Mientras tanto, continúa la saga de reproches cruzados. El motivo, o mejor dicho la excusa, es determinar quién fue el responsable por la difusión de las conversaciones de la ex presidenta con Parrilli. Días atrás, la Corte le exigió explicaciones a la AFI de Arribas. Cerca del actual jefe de la ex SIDE y amigo íntimo de Macri evitaron la polémica a cielo abierto y afirmaron que solo lo harán por pedido del juez que maneja la investigación: Rodolfo Canicoba Corral. La Corte a su vez le hizo un pequeño tirón de orejas a Canicoba, quien conduce la causa con demasiada parsimonia, según la mirada del fiscal Federico Delgado.
Sin constancia de un sorteo clave
La investigación por la difusión de conversaciones telefónicas tiene una subtrama misteriosa: el sorteo que hace más de dos años puso al juez Martín Irurzun a cargo de las pinchaduras legales. Presidente de la Cámara Federal, Irurzun es un importante aliado de Lorenzetti. Y todavía está al frente de esa área, históricamente vinculada a la ex SIDE. Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco están acusados de haber fraguado (o directamente no haber hecho) ese sorteo. Si bien el decreto de Mauricio Macri establecía el mecanismo de la elección por azar entre los 200 jueces federales, el fiscal Federico Delgado intuye que ese paso nunca se concretó. La posible nominación de Irurzun circuló por los pasillos de Comodoro Py, días antes de que se realizara el supuesto sorteo. Y según confirmó PERFIL, no hay acta que certifique el sorteo, haya sido manual o electrónico. Así figura en la causa que tiene a cargo el juez Rodolfo Canicoba Corral por supuesta “falsedad ideológica” de los supremos.
