Avanza rápido el caso que se desató por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino. Ahora la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal basada en los dictámenes de la fiscal General de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, sobre el acuerdo en el concurso preventivo del Correo Argentino S.A.
También requirió a la Procuración del Tesoro de la Nación la apertura de un sumario administrativo en el que solicitó ser tenido como parte acusadora y una auditoría general sobre la actuación de los abogados del Estado durante todo el proceso concursal que lleva más de quince años.
La medida fue dispuesta por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, en el marco de una investigación preliminar que se inició en el dictamen de la Fiscal General ante la Cámara Comercial. La causa recayó en el juzgado del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi.
El caso. La maniobra descripta por la Fiscal General Boquin, según indica el portal Fiscales, podría configurar un intento de defraudación por administración infiel por parte de los funcionarios públicos interviniente ya que la aceptación de una propuesta casi idéntica a la rechazada anteriormente por la misma parte -el Estado Nacional- "convalidaría un perjuicio patrimonial multimillonario".
También sostuvo que deberá ser analizada bajo la posible comisión del delito de “tráfico de influencias” y posibles “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
