La negativa de Miguel Galuccio a informar sus bienes sumó otro capítulo. La Procuradora del Tesoro, la kirchnerista Angelina Abbona, opinó que el titular de la petrolera YPF está eximido de presentar declaración jurada a pesar de que la Ley de Etica Pública lo obliga a hacerlo. Esta interpretación fue una respuesta a la Oficina Anticorrupción (OA), que abrió un expediente sobre el caso. La jefa de los abogados del Estado –designada por la Presidenta– consideró más importante otra norma, la Ley 26.741, que exceptúa a la empresa del control estatal.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un escrito ante la OA donde desarma esos argumentos. Allí, explica que la excepción es para la compañía, pero no para los funcionarios que trabajan en ella. La ONG también aclara que jamás esa ley podría prevalecer sobre la de Ética Pública porque no es posterior ni tampoco especial. Además, recuerda que gerentes de otras firmas estatales sí presentaron declaraciones juradas.
“Es preocupante esta interpretación de la Procuradora”, expresa Sebastián Pilo, coordinador de Lucha contra la Corrupción de ACIJ. “Ahora esperamos que la OA no adopte ese criterio, porque sería un paso atrás en el control patrimonial”.
