La reforma del Ministerio Publico Fiscal, integrante del paquete de proyectos judiciales que obsesiona al kirchnerismo, quedó esta semana virtualmente en “stand by” en la Cámara de Diputados por razones de agenda pero por sobre todo políticas.
El texto que vino en revisión del Senado dio un paso fundamental en la Cámara baja porque logró dictamen después de más de medio año de negociaciones que en el último tramo se puso al hombro el ministro de Justicia, Martín Soria. Sin embargo, el avance parlamentario hizo que varios diputados que mantenían en reserva su postura sobre la estrategia K salieran a plantear su rechazo y complicaran el poroteo del bloque del Frente de Todos que encabeza Máximo Kirchner.
Primero fue el turno de los cuatro diputados schiarettistas que integran el bloque Córdoba Federal, que dejaron en claro que no darán quórum y que en el caso de que el oficialismo lo obtenga votarán en contra. Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, salió a ratificar que “siempre dijo que no iba a acompañar el proyecto”, a quien se sumó el jefe del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, con su negativa a acompañar el texto. El bolivarense comanda un espacio de 11 legisladores de los cuales solo 1, el salteño Miguel Zottos, fue el único que no se expidió sobre el tema. El resto, todos en contra. Lo mismo sucedió con la izquierda, que tampoco avalará la iniciativa judicial a través del rechazo de Nicolás del Caño y de Juan Carlos Giordano.
Juntos por el Cambio encabezó desde el primer minuto el rechazo al texto y la Mesa Nacional revivió el pedido para discutir el pliego de Daniel Rafecas, cuya candidatura nunca fue tratada en la Comisión de Acuerdos del Senado.
Es decir que con este escenario el kirchnerismo tiene difícil la primera estación de su recorrido que es obtener el quórum, con 129 diputados sentados en sus bancas o conectados de manera virtual luego de que suene la chicharra en el recinto. A nivel práctico, los nueve días de confinamiento también llevarán a un receso en la Cámara baja que enfriará el bullicio que generó el tema en los últimos días. En los únicos tres días hábiles que tendrá la semana solo habrá reuniones informativas de comisión, sin perspectivas de convocar a una sesión.
El dictamen de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales incluyó cambios del proyecto que llegó desde el Senado y es por eso que el tratamiento en Diputados no podrá darle la sanción definitiva. Con la incorporación de una Procuraduría de Defensa de Usuarios y Consumidores, Soria logró conquistar al mendocino José Luis Ramón, quien podría aportar cinco votos a la causa kirchnerista. También se recortó la representación política en el Tribunal de Enjuiciamiento que se había aprobado en el Senado y se redujo de 10 a 5 la cantidad de años de antigüedad necesaria para ser Procurador Interino, lugar que hoy ocupa Eduardo Casal.
En el bloque oficialista confían en que las modificaciones pueden sumar algunos votos pero admiten que “está pendiente tratar el consenso que se pospuso” al menos para los próximos días.
