La situación de un grupo de fiscales en la mira del poder político y empresarial expuso nuevamente la tensión con el jefe de los fiscales, el procurador Eduardo Casal, y originó reclamos de casi todo el arco político: la oposición por un lado y Elisa Carrió, por otro. Los casos particulares son los de Gabriel De Vedia y Federico Delgado, pero hablan de un trasfondo que se vive en las fiscalías de diversos fueros. El caso de Delgado provocó que la Asociación de Fiscales se pronunciara sobre la situación de los funcionarios que deben impulsar las causas contra el poder. La entidad sostuvo que se está “afectando directamente” a la Justicia y a la “independencia” de los fiscales. Delgado será indagado por su investigación contra Víctor Stinfale en Time Warp y se le suman dos frentes más: denuncias de Jorge “Corcho” Rodríguez y un funcionario no menor: el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quien también denunció a otro fiscal por investigarlo en el caso Odebrecht: Sergio Rodríguez, titular de la sensible Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Con Delgado, Carrió jugó la carta del apoyo público. El fiscal impulsó dos causas claves para la diputada: el supuesto enriquecimiento ilícito de Ricardo Lorenzetti y una investigación contra Daniel Angelici. Carrió pidió por escrito al jefe de los fiscales que proteja a Delgado ante la citación del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi para indagarlo. Casal le respondió con un escueto escrito, en el que le remarca que “continuará, dentro del marco normativo vigente, haciendo todo lo necesario para asegurar la normal intervención de todos los agentes del Ministerio Público Fiscal”. El jefe de los fiscales ofreció custodia para Delgado pero este la rechazó y puso a su superior en un brete. “Necesito protección institucional”, le reclamó por escrito, tras una reunión en la que dialogaron. “Un juez me ‘armó’ una ‘causa’”, “me parece imprescindible, entonces, la palabra de la institución”; “la violencia es institucional”, remarcó el fiscal. Casal le responderá nuevamente por escrito, según fuentes allegadas al funcionario. “Si bien esta Procuración no puede intervenir en procesos judiciales fuera de las oportunidades en que legalmente le corresponde es preciso destacar que, dentro del marco normativo vigente, se continuará haciendo todo lo necesario para asegurar la eficaz intervención de todos los agentes de este Ministerio Público en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, así como el debido respecto de las inmunidades funcionales”, dice el texto que enviará Casal. El caso de De Vedia también agitó las aguas esta semana por el repetido desplazamiento de fiscales incómodos de áreas o causas sensibles para el poder. De Vedia reclama que fue apartado de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) en contra de su voluntad mientras que el procurador informó que su traslado había sido acordado. El caso motivó una solicitada, que lleva las firmas de legisladores –desde Graciela Camaño hasta Axel Kicillof–, judiciales, periodistas, dirigentes políticos, organismos de derechos humanos y sindicalistas –desde Hugo Yaski hasta Hugo Moyano–. “No se puede más que inferir que la decisión del procurador Interino es consecuencia de inconfesables presiones políticas”, dice el texto. En el Congreso, un grupo de diputados del Frente para la Victoria y del Frente Renovador también presentó un proyecto para que la Cámara baja se pronuncie sobre el desplazamiento de De Vedia.
