El episodio alrededor del primer pedido de detención contra un hombre del riñón K es una muestra de que la sobreactuación es el arma predilecta de un sector de la Justicia para camuflar cuestiones de fondo y materia.
A principios de junio, el juez federal Claudio Bonadio ya había tomado la decisión de detener a Ricardo Jaime y todavía no lo había indagado. Se tomó más de un mes para ejecutar su decisión. Antes se reunió con el fiscal de la causa, Guillermo Marijuán –enfrentado con el Gobierno–, y le explicó cómo sustentaría la detención de Jaime: dijo que iba a valorar la “situación global de todos los procesos” del ex funcionario sobre la base de una vieja jurisprudencia. Tomó la decisión tras recibir una pericia contable que acreditaba el faltante de más de dos millones de pesos por el que acusa a Jaime de presunta administración fraudulenta.
Bonadio le hizo saber al fiscal que había pensado en dejar preso a Jaime en la causa por la tragedia de Once. No explicó por qué no lo hizo. En esa causa, procesó a Jaime, junto a otros ex funcionarios y al empresario Claudio Cirigliano, por la muerte de 52 personas. No ordenó ninguna detención. Entonces, la Corte Suprema no había declarado inconstitucional la reforma K.
Días antes de ordenar detener a Jaime, dio otra señal al Gobierno: llamó a indagatoria al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Aún debe definir si lo procesa por supuesto abuso de autoridad.
Dos ex miembros de la Cámara Federal hicieron un análisis objetivo de la resolución de los camaristas Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler. Apoyaron la decisión de otorgar la eximición de prisión a Jaime, pero resaltaron que el tono de los camaristas era inédito en los tribunales federales y lo caratularon como “sobreactuado”. Tan “sobreactuado” como la decisión de Bonadio de ordenar la detención de Jaime por un delito excarcelable. Todo fue producto de una puja política de poder y de “gestiones de poder” ajenas al ejercicio del Derecho. En el medio, el funcionario más denunciado y sospechado de corrupción en la era K sigue sin condena en ninguna de sus veinte causas.
Al fallar la Sala I respecto del destino de Jaime, el Gobierno se garantizó un escrito lapidario contra el juez Bonadio (ver página 2). Ahora, sobre la base de esos argumentos de los camaristas, la defensa de Jaime pedirá el juicio político al magistrado. Incluso los amigos de Bonadio admiten que su decisión fue “arbitraria” y que fue una respuesta política al Gobierno, un eco agudo de su visión de la reforma judicial K: “El cree que venían a destituirnos”, aseguró un hombre cercano a él.
Quienes intervienen en el expediente por presunta administración fraudulenta en el Ferrocarril Belgrano Cargas siguen firmes en su posición: Jaime debía quedar preso porque podía entorpecer el accionar de la Justicia y representaba riesgo de fuga. Dicen que “ganó el garantismo”, por la decisión de los camaristas. “El riesgo de fuga se comprobó esta semana, cuando Jaime estuvo seis días prófugo”, estimó una alta fuente de la causa ayer. “Lo que la Cámara Federal no puede explicar es por qué dice que no hay peligro de fuga si Jaime estaba prófugo y las principales fuerzas de Seguridad y de Inteligencia casualmente no pudieron dar con él”, agregó la fuente judicial.
