La medida todavía no tomó estado público, pero ya promete generar revuelo en el mundo de los abogados. A partir de ahora, los defensores de los procesados por lavado de activos en caso de delitos graves, como el narcotráfico, la corrupción o la trata, deberán dar cuenta de sus honorarios y el origen del dinero que su cliente utilizó para pagarles. O, por lo menos, eso es lo que pretende la Unidad de Información Financiera (UIF).
Para unos será una persecución y una intromisión al secreto profesional. E intentarán poner reparos para que el organismo no logre sacarle rédito a esta nueva herramienta. Otros, tanto en la UIF como también muchos abogados, consideran que es un acto de equidad y justicia. Un concepto claro los guía: los procesados, la mayoría de las veces, logran pagar a los mejores o más experimentados abogados con dinero que es producto de un ilícito. Y aclaran que no está vulnerado el derecho a la defensa, ya que siempre estarán disponibles los defensores oficiales si un acusado no puede justificar los fondos con los que le paga a su abogado.
El operativo ya arrancó, con una veintena de requerimientos enviados a abogados de procesados en delitos de narcotráfico. Los defensores de los acusados (en algunos casos ya con condena) por causas como la conocida como carbón blanco en el Chaco, la de la familia Zacarías en Rosario o el clan Ale en Tucumán ya deben tener la carta en su estudio. Allí, se les pedirá saber cuáles son sus honorarios, que se indique el origen de los fondos y una copia de la factura.
La trama promete ponerse más picante cuando en unas semanas los requerimientos lleguen a los abogados de procesados por lavado de activos en causas de corrupción. Los acusados son más conocidos, ya sea Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido o Juan Pablo “Pata” Medina, Omar “Caballo” Suárez o Marcelo Balcedo, por nombrar algunos. Y los defensores también, algunos incluso más famosos que sus propios clientes. Al revoleo, suenan casi de memoria nombres como Maximiliano Rusconi, Fernando Burlando, Carlos Broitman, Carlos Beraldi o Mariano Cúneo Libarona.
La noticia comenzó a circular entre los abogados, luego de que la UIF iniciara una serie de consultas para medir el respaldo que tendría. Ante la consulta de PERFIL, desde el organismo que conduce Mariano Federici lo ratificaron: “Estamos ejerciendo facultades que la ley (25.246) nos concede de requerir la información y esto apunta a tratar de entender los movimientos de fondos y activos que pudieran involucrar a personas procesadas en delitos graves”. Y aclaran: “De ninguna manera afecta al derecho de defensa ni al ejercicio de la actividad profesional”.
Pero no todos están de acuerdo. Consultado por PERFIL, Daniel Llermanos, abogado de Hugo Moyano, criticó la medida. “Mi primera impresión es que se trata de una invasión al secreto profesional inaceptable”, aseveró. En su caso, todavía no le debería llegar ningún requerimiento, porque el camionero está imputado por lavado, pero no procesado.
Desde el organismo aclaran también que en los requerimientos se impone el deber de secreto y confidencialidad con el que trabaja la UIF. Es decir, la información solo podrá ser relevada a la Justicia por el organismo y los abogados tampoco pueden divulgar que les llegó la carta, porque podrían entorpecer una investigación.
Otro abogado, que prefirió guardar reserva de su nombre, se mostró entusiasmado: “Esto logrará frenar la competencia desleal”. “Tenés todo el derecho de defender a un narco, no es cuestión de estigmatizar al abogado, pero que sea todo en blanco”, agregó.
“Mucho abogado penalista es desprolijo en el cobro de honorarios”, describe otro letrado, con cizaña. ¿Y si no responden? “Ahí se va a generar una sospecha y probablemente se le va a informar al juez”, relató una fuente al tanto de la maniobra.
