Desde hace dos meses, la Justicia solicita, sin respuesta, a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo anti lavado a cargo de José “Pepe” Sbatella, que solicite a su par en Panamá información crucial para la causa Ciccone.
El fiscal federal Jorge Di Lello pidió a Sbatella que solicite por intermedio de un acuerdo de cooperación información sobre una empresa del ex banquero Raúl Moneta. Se trata de la firma Mayer Business. El pedido fue enviado por la fiscalía a la UIF argentina el 23 de abril. Panamá podría tener información central para la causa Ciccone: cuentas bancarias, los bancos con los que opera Mayer, si tiene reportes de operaciones sospechosas y el origen de los fondos que supuestamente se usaron para comprar la imprenta de billetes.
Un exhorto pidiendo esa misma información al Estado panameño podría tardar entre ocho meses y un año, pero las unidades anti lavado tienen un régimen de cooperación denominado Grupo ECMON, que les permite compartir información de manera directa y casi inmediata, aseguró un experto en lavado de dinero consultado por PERFIL. Sin embargo, la UIF no activa el pedido, sostuvieron fuentes judiciales. El organismo que dirige Sbatella es investigado en otra causa por presunta manipulación política de la información sobre lavado.
La pista Moneta. Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund –la dueña de Ciccone- y señalado por su esposa Laura Muñoz como presunto “testaferro” del vicepresidente Amado Boudou, se encargó de informar a la Justicia que Moneta es el controlante de su compañía. La Justicia ahora debe comprobar si eso es cierto, si el dinero que se usó para comprar Ciccone es lícito y si realmente Moneta derivó fondos con ese objetivo.
El ex banquero, sospechado de presunto lavado de dinero, atraviesa una delicada crisis de salud tras sufrir un ACV, que parece no tener retorno. Sus allegados aseguran que ni siquiera puede reconocer a sus íntimos. Eso puede convertirlo en inimputable si se le llegara a adjudicar una maniobra de lavado de dinero para comprar la empresa. Lo salvaría de un procesamiento, por estar incapacitado para defenderse, aunque no le impediría a Boudou maniobrar su propia defensa para adjudicar la culpabilidad a Moneta.
