En marzo de 2016, a pocos meses de asumir como jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta reunió a un grupo de colaboradores del área social. Uno de ellos le contó, con entusiasmo juvenil, que había logrado que el 94% de los chicos de la villa Rodrigo Bueno estuvieran escolarizados para ese año. Mientras la mayoría de los colaboradores felicitaban al funcionario, Larreta frenó el “festejo”. Con cara de pocos amigos le dijo que, si era necesario, que vaya personalmente casa por casa a buscar al 6% que no estaba yendo al colegio. La anécdota permite ilustrar la obsesión que tiene en su cabeza el jefe de Gobierno con la educación: insistirá en mantenerla como eje central de las políticas públicas con un decreto que firmará en las próximas horas.
Larreta pretende tener el marco jurídico para reabrir mañana todos los colegios de la Ciudad bajo la nueva modalidad presencial y virtual, en el caso de los secundarios, y totalmente presencial en jardines de infantes y primaria.
Los abogados que trabajan en el Gobierno porteño, encabezados por el procurador Gabriel Astarloa, pasaron las últimas horas buscando la mejor estrategia jurídica y político-institucional para sortear el nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández el viernes y que extiende las restricciones hasta el 21 de mayo.
La medida de la Ciudad es una continuación de la decisión política que ya había tomado Larreta cuando se enteró por la televisión de que el Presidente decidía cerrar las escuelas de manera unilateral.
Por ello, se decidió avanzar con una nueva norma en la que el jefe de Gobierno argumentará, en términos jurídicos, que el nuevo DNU avasalla nuevamente “la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”. Y tomará como base un fallo de la sala VI de la Cámara del Crimen que consideró “abusivo” el DNU presidencial e instó al Gobierno y al Congreso “para que a través de manera consensuada debata y sancione una ley que dé efectiva respuesta a la situación sanitaria que el país atraviesa”.
Otro de los argumentos del decreto tendrá que ver con que la Corte Suprema aún no se expidió en la materia. Más aún, luego de que el procurador general, Eduardo Casal, le diera la razón al Gobierno porteño: opinó que debería haber una “concertación federal” en el que, con argumentos y evidencias, se llegue a medidas de consenso en la lucha contra la pandemia entre Ciudad y Nación. El nuevo DNU, entonces, en la mirada de los juristas del Gobierno porteño es una suerte de “copia” del anterior, con mayor argumentación, pero que igual “avasallaría la autonomía porteña”, le explicaron a Larreta.
El inicio. Desde mediados del año pasado, Larreta tiene la obsesión de reabrir las escuelas. Tras una serie de intentos, con distintos protocolos que chocaron contra la negativa del ministro nacional, Nicolás Trotta, la ministra porteña Soledad Acuña preparó cuatro escenarios ante el avance de la pandemia y el viernes anunció que jardines de infantes y la escuela inicial seguirán en modo presencial mientras que la secundaria irá a un esquema bimodal, entre presencialidad y virtualidad.
Desde mediados del año pasado, tiene la obsesión de reabrir las escuelas
El argumento sanitario tiene que ver con la circulación: la mayoría de los chicos de primaria están a menos de diez cuadras de sus colegios, dado el sistema de vacantes que regula la Ciudad. Mientras que los adolescentes, que además han crecido en cantidad de contagios en las últimas semanas, son quienes utilizan el transporte público aumentando la movilidad.
El tema educativo nunca salió de la agenda del jefe comunal. Cuando se enteró del primer decreto presidencial que cerrabas los colegios, Larreta habló de urgencia con Acuña. La titular de la cartera educativa estaba en su casa intentando dormir a Toto, su hijo menor, cuando en su celular llovieron mensajes de Whatsapp de todo tipo. Del “chat de mamis”, pasando por funcionarios y dirigentes preguntando por esa medida del gobierno nacional.
“Tiene que haber una salida”, fue la conclusión de la charla entre el jefe de Gobierno y su ministra, con quien trabaja hace más de veinte años desde la época de la Fundación Sophia. Para ello, comenzaron las reuniones técnicas, la búsqueda de información sanitaria, educativa y jurídica. La “mesa chica” larretista avaló ir contra la decisión presidencial. Y allí comenzó la pelea.
Hoy el jefe comunal recorre una o dos escuelas por semana con su ministra. En especial en el sur. Es que seis de cada diez de las 54 escuelas nuevas que se construyeron son el sur, donde más déficit educacional existe. Acuña, por su lado, todos los días en su agenda está marcada una escuela para recorrer y ver cómo funcionan los protocolos y las burbujas anticovid.
Batalla con Nación. En este contexto, esta semana parecía que se encaminaba a un acuerdo entre Nación y Ciudad. Las reuniones emanaron: Santiago Cafiero, jefe de Gabinete nacional, recibió a su par porteño, Felipe Miguel. Y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se reunió con Marcelo D’Alessandro (secretario de Seguridad y Justicia) y Juan José Méndez, de Transporte, para acordar medidas, como el cierre de pasos entre Provincia y Ciudad o la coordinación de operativos de control. Sin embargo, no hubo acuerdo por la educación.
De hecho, Larreta, quien ya había decidido continuar con la presencialidad en las aulas, se sorprendió con el anuncio mañanero del Presidente –lo esperaba para el mediodía o la tarde– y tras ello se reunió con sus asesores, sin teléfonos celulares, para avanzar con su propio esquema de lucha contra la pandemia. Allí se concluyó que había que darles “previsibilidad” a las familias y por ello se insistiría con las escuelas abiertas. De hecho, en las mesas de análisis de datos de coronavirus –que suelen darse todas las mañanas entre las nueve y las diez– esta semana se verificaron las estadísticas que apuntan a que los colegios no son un vector de contagios sino, por el contrario, un sistema de detección temprana con las burbujas y los protocolos.
En este contexto, el larretismo espera un fallo favorable de la Corte Suprema para este martes. Es una versión aún, pero la idea que ronda por la cabeza de muchos funcionarios porteños es que el máximo tribunal avalará la autonomía de la Ciudad, un eje clave de la defensa de las aulas abiertas.
