La audiencia pública que organizó la Corte Suprema esta semana en el marco del reclamo de inconstitucionalidad de la Ley de Medios que presentó el Grupo Clarín abrió un abanico de posibilidades. Las preguntas que los jueces formularon, tanto al multimedios como al Estado, dejaron la lectura de que el fallo definitivo podría dejar heridas en ambas partes.
La audiencia se puede resumir en dos aspectos centrales: libertad de expresión versus derecho adquirido. A los representantes del multimedio, los jueces los buscaron por el lado de por qué la ley afecta su libertad de expresión. Las respuestas, en el momento, no fueron sólidas y se limitaron a repetir que la desinversión pondría en riesgo la subsistencia de la empresa. Según explicaron desde el Grupo, la intervención de Ricardo Lorenzetti impidió profundizar en la respuesta. Lo cierto, sin embargo, es que en las explicaciones posteriores a la audiencia, desde Clarín buscaron fortalecer esa línea recordando que en el expediente judicial “ya está acreditado” el riesgo económico que significaría para el grupo ajustarse a la ley.
La Corte, además, incomodó al Grupo al preguntar si las empresas de menor escala también se ven afectadas en su libertad de expresión y si antes de la fusión de Multicanal con Cablevisión esa afectación ya existía. Desde Clarín responden que son el único medio audiovisual que no recibe publicidad oficial, que no tiene negocios con el Estado o no es parte de una multinacional que lo respalde. Y que, de no realizarse la fusión, Multicanal tendía a desaparecer.
A los representantes del Estado, los jueces lograron incomodarlos al cuestionar si había algún derecho que se vulneraba al rescindir una licencia. La respuesta giró en torno a que las licencias son “meros privilegios” que reciben las empresas, por lo que el Estado (“aunque no discrecionalmente”) puede revocarlas. Lorenzetti repreguntó varias veces, evidenciando especial preocupación en la materia. Eso dio lugar a que desde diversos sectores se especule con que podría obligar a que Clarín sea indemnizado a la hora de desinvertir, aunque lo cierto es que eso no es materia de discusión en la causa en trámite.
Antes de la audiencia existía una coincidencia generalizada de que la Corte tendría una postura contraria a los intereses del Gobierno, sobre todo después del duro enfrentamiento por la reforma judicial. Superada esta instancia, desde las filas kirchneristas se ilusionan con que el panorama podría no ser tan desalentador para ellos. Desde Clarín, en tanto, están convencidos de que las presentaciones del Gobierno no tuvieron sustento técnico ni lograron respaldar con estudios los límites impuestos por la ley, que quedó demostrado que por la competencia que tienen en TV, radios y cable no son monopólicos y que las licencias otorgadas por la Afsca a otros grupos empresariales desmienten la necesidad de que deban desinvertir para que haya más pluralidad.
