Seis jueces están abocados a causas que involucran a la familia Moyano. Ninguno de ellos está imputado, pero los seis expedientes involucran negocios que tienen a Hugo y Pablo Moyano en el centro de la escena. Otro punto en común de los procesos judiciales económicos que involucran al sindicato de Camioneros y al club Independiente es que se van a desarrollar con tiempos mucho más serenos que los que marca la vertiginosa actualidad política.
Según cuatro fuentes involucradas de forma directa en estas causas, aún resta realizar numerosas diligencias de recaudación de pruebas y definiciones sobre las competencias que surgen de las posibles superposiciones de los expedientes en manos de tres jueces federales –Claudio Bonadio (Federal N° 11), Néstor Barral (Federal de Morón) y Luis Armella (Federal de Quilmes)– y dos del Penal Económico –Javier López Biscayart (N° 9) y Rafael Caputo (N° 3). El panorama se completa con el juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, quien investiga una posible asociación ilícita entre barras y la dirigencia de Independiente. Esta es la única causa que no es de naturaleza económica.
Bonadio investiga posibles irregularidades en el gerenciamiento de la obra social de Camioneros (Oschoca), a cargo de las firmas de la actual esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet. El caso deriva de una investigación previa de 2008, pero se orientó a ese objeto tras una denuncia de Graciela Ocaña en 2011. La semana pasada, la actual diputada de Cambiemos amplió su presentación.
Barral, por su lado, evalúa una denuncia surgida de un funcionario de la Municipalidad de Vicente López, sobre la compra de dos propiedades en Parque Leloir. Esta semana trascendió que pidió el levantamiento del secreto bancario. Un funcionario judicial con amplia experiencia indicó que es solo un titular mediático, porque los magistrados demandan ese tipo de información habitualmente en este tipo de causas.
En tanto, Armella tiene a su cargo la denuncia por presunto lavado que surgió de las declaraciones de los barras Pablo “Bebote” Alvarez y Damián Langaronne, quienes apuntaron contra Hugo y Pablo en sus indagatorias en el expediente que se tramita en lo de Vitale.
En principio, de acuerdo a lo que pudo reconstruir PERFIL en base a la modalidad de trabajo que tiene este juzgado, se priorizaría el cuidado de los aspectos técnicos y, tras certificar las causas y evaluar cómo sigue el caso, se trataría de determinar si Alvarez y Langaronne declaran en calidad de imputados o como testigos. Sólo en este último caso, estarán obligados a decir la verdad.
Dudas. Con la reanudación de la actividad judicial, tras la feria de verano, en la que se presentaron varias novedades contra Hugo y Pablo Moyano, los responsables de los distintos juzgados que recibieron las últimas denuncias pidieron certificaciones a sus pares. Se trata de una medida fundamental para saber qué hay en cada causa, qué objetos y sujetos se investigan exactamente y, eventualmente, determinar si hay conexidades entre los expedientes.
En ese sentido, pueden surgir cuestiones de competencia, que deberán evaluar los magistrados de cada caso y, ante un envío de un expediente a un juzgado en el que se investiga otra causa contra los Moyano, el titular de esa dependencia decidiría si corresponde o no. Ahí se abren distintos escenarios. Y también puede pasar que un magistrado pida un expediente a otro juzgado, por considerar que eso tiene relación con su investigación.
