Las intrigas del espionaje ilegal dejan al desnudo la falta de reacción del Gobierno
Gustavo Arribas, jefe de la AFI, había sido advertido un mes antes de la declaración en su contra del cuevero Meirelles. Quién está detrás del seguimiento a Lilita.
Emboscada. Carrió fue fotografiada mientras dialogaba en Paraguay con un ex oficial del Ejército. |
Gentileza Clarin
Un mes antes de que el financista brasileño Leonardo Meirelles lo acusara de transferirle dinero de coimas, el jefe de los espías Gustavo Arribas había sido advertido de lo que se avecinaba. Los interlocutores que se sentaron con Arribas para entregarle la información incluso arrojaron sobre la mesa los nombres de los instigadores que se habían movido detrás de la declaración y los nexos con el Partido de los Trabajadores, que había servido de puente. Arribas no hizo nada. Todo se cumplió según se lo habían advertido: Meirelles lo apuntó a través de una extraña videoconferencia donde el responsable de miles de transferencias sólo recordaba un nombre: Gustavo Arribas. Aquellas semanas de impasividad fueron un canto a la incapacidad de reacción del macrismo.
Recién después del daño producido por la memoria selectiva de Meirelles, el jefe de los espías resolvió presentar una denuncia por falso testimonio contra el brasileño, y Mauricio Macri ordenó una contraofensiva en el caso Odebrecht.
La AFI que comanda Arribas les cuesta a los argentinos 1.800 millones de pesos anuales y según Elisa Carrió fue además el nido donde se tramó el seguimiento ilegal que sufrió en su visita a Paraguay, cuando fue en busca de información sobre el narcotráfico. El diario Clarín publicó esta semana una foto, surgida del seguimiento a Carrió, donde se ve a la diputada conversando en un bar con el ex oficial del Ejército Alejandro Camino. Fue una trampa.
Desde la Coalición Cívica responsabilizaron a Luis Guinle, el representante de la AFI en Paraguay, que responde a Silvia Majdalani. La Turca Majdalani es la segunda de la AFI. Pero las huellas de la emboscada llevan a otras direcciones. Camino formaba parte de C3, una empresa que se dedicaba a la inteligencia privada y que precisamente creció durante el kirchnerismo como una competencia frente a la línea oficial de la SIDE.
Cuando Antonio Stiuso todavía integraba las filas de la SIDE denunció a C3 y logró que la Justicia interviniera sus teléfonos. De esa manera salieron a la luz miles de horas de conversaciones. En las escuchas de C3 se asocia a Alejandro Camino con el “lavado de dinero” y con el entonces titular del Ejército, César Milani, quien edificó un sistema paralelo de espionaje cuando Cristina Kirchner perdió la confianza en la SIDE. A C3 la dirigía Leonardo Scatturice, quien se ufanaba en las grabaciones de su amistad con Cristian Ritondo. Aquel enjambre aparecía detrás de los antecedentes de Camino, quien terminó por montar una empresa propia en Paraguay, y que acompañó a Carrió a la escena de la emboscada en Asunción.
La fotografía de Carrió y Camino fue tomada en la misma mesa exterior del hotel Guaraní, de Paraguay, donde había ido para poder fumar mientras conversaban. Arribas le prometió a la diputada investigar el origen del seguimiento y le juró que no provenía de sus hombres. Si se midiera su reacción a la luz de la capacidad de anticipación que tuvo con Meirelles, la diputada debería seguir preocupada.
Carrió abrió disputas de alta densidad con sectores poderosos del macrismo. Una es el enfrentamiento con Majdalani, quien cuenta con el padrinazgo de Nicolás Caputo, el hombre con mayor ascendencia en la mente presidencial. En paralelo protagoniza una guerra fría con Ritondo, el ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, a quien la diputada considera una continuidad del statu quo de la Bonaerense. Demasiados interesados en empujar a la diputada hacia un tropiezo. En el medio, Mauricio Macri practica con Carrió un equilibrio complejo entre marcarle límites para preservar su autoridad y contenerla como aliada para evitar una crisis en la coalición gobernante. Ambos se tambalean como dos trapecistas en medio de un vendaval.
Desde que en diciembre pasado el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que 12 países recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña, la mancha de Odebrecht devoró políticos a lo largo de América Latina. En Argentina, el Gobierno se sentó a esperar. Recién cuando tomó nota del curioso hecho de que el escándalo sólo desgastaba a su amigo Gustavo Arribas, Mauricio Macri impulsó una estrategia. La decisión fue empujar la difusión de una lista más exhaustiva de los salpicados por las coimas con la creencia de que cuando quede claro que la mayoría son kirchneristas, el daño directo terminará por diluirse.
La sensación de inminencia disparó la psicosis. ¿Quiénes deberían estar nerviosos? En el Gobierno dan por seguro que Angelo Calcaterra, primo de Macri y titular de Iecsa, socia de Odebrecht, será una baja inevitable de las esquirlas. En el universo kirchnerista, los nombres de Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y Manuel Vázquez surgen en la primera fila. Luego aparece el capítulo cordobés, donde Odebrecht se quedó con la licitación de gasoductos. José Manuel de la Sota anunció que se bajaba de cualquier candidatura para 2017 luego de regresar de un viaje de Brasil. Muchos entendieron que su paso al costado era preventivo.
