La polémica en torno a la eliminación de 70.000 pensiones por discapacidad que hizo en lo que va del año (los datos oficiales muestran que el recorte se acentuó en los últimos tres meses) el Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley, sigue aumentando de temperatura.
Guillermo Badino, el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, se refirió al aumento disparatado de beneficios que se registró durante la gestión anterior y aseguró que "durante el kirchnerismo, hubo un manejo definitivamente corrupto para distribuir pensiones que no correspondían".
Este "recorte", no sólo generó una inquietud natural en las personas que necesitan este beneficio para subsistir, sino que también encendió las críticas en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación desde la cuál, su presidente, Alberto Ciampini, fue el encargado, en voz del bloque del Frente Para la Victoria, de objetar las medidas del Gobierno.
"El tema de la corrupción ya me tiene cansado porque el Gobierno ya no se despega de él. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con ninguna corrupción, pero cuando bajas la pensión, primero tienen que averiguar porqué y avisar a la persona sobre la medida que vas a tomar porque es un derecho adquirido", se quejó el legislador en diálogo exclusivo con PERFIL. "Acá se aprieta un botón y se dan de baja los planes, por eso muchos cuando fueron a cobrar se encontraron con que la plata no estaba", reprochó el diputado al criticar que, según él, "no se hace el trabajo social que se hacía en la gestión anterior".
"Nosotros procurábamos la incorporación de las personas con discapacidad para ser incluidas porque privilegiábamos una política de inclusión. Hoy, en cambio, lo que vemos es una política de exclusión, porque no se trabaja feacientemente en el territorio, en el lugar donde se asigna al beneficiario para constatar si necesita un plan o no", sostuvo Ciampini al ser consultado por el aumento del total de beneficiarios en los últimos años.
Números. A pesar de las denuncias que llegaron en las últimas semanas a la comisión pertinente de la Cámara Baja del Congreso, al analizar los números detenidamente surgen datos llamativos los manejos que se hicieron en la gestión anterior.
Al respecto, Ciampini, que destacó que "de 350 mil personas en 2013 la asignación de pensiones por discapacidad pasó a 1.600.000 en 2015", y observó con preocupación que "en este año y medio se dieron de baja 170 mil pensiones, es decir, que sacaron un 10 por ciento del total de las incorporaciones que se logró durante doce años". "A este ritmo, en cuatro años van a sacar el 40 por ciento", cuestionó.
Sin embargo, según trascendió, en los últimos años del kirchnerismo se dio un aumento de las pensiones por invalidez que fue de 180 mil a casi dos millones de beneficiarios, es decir, un porcentaje casi similar (por no decir igual) al que tienen países que han sufridos consecuencias catastróficas o guerras de las más sangrientas, según observan especialistas.
"A mi que me den resultados concretos de un análisis hecho sobre esta situación. Lo que hay que hacer es una política de índole social y eso no se hace con resortes sino subsanando. Si lo tiene que solucionar que lo haga (el Gobierno), pero que digan cuál es la política a implementar. Estamos cansados de escuchar versiones sin respuestas", declaró Ciampini.
Requisitos. Según declaraciones de Badino, "el programa exige dos requisitos para otorgar la pensión".
Por un lado, es que la persona "tenga una discapacidad o una invalidez total permanente", por otro, "que tenga un grado de alta vulnerabilidad social".
"Nos estamos encontrando con muchos casos que no los cumplían. Si los estudios demuestran que no hay incapacidad o si el beneficiario recibe otro tipo de prestación, eso debe ser revisado", explicó el funcionario del Ministerio que conduce Stanley.
Desde el Gobierno anticiparon que el programa continuará vigente como hasta ahora pero, otra polémica se generó cuando desde el Ejecutivo publicaron los criterios que se usan para la quita de pensiones a discapacitados, como, por ejemplo, que el discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o cosanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas (es decir $19.200 por mes).
Otro parámetro es que tengan un bien a su nombre, como un auto, independientemente de que sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.
"Si lo bajan porque sus familiares cobran o porque tiene un auto, es una verguenza. Manejar esos parámetros, por la situación social de la gente involucrada es lamentable. Nadie se salva por cobrar una asignación por discapacidad", disparó Ciampini tras anticipar que "en las provincias ya hay amparos presentados en los juzgados federales para que se retrotaiga esta medida".
Segun justifico Badino, se dieron de bajas "a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”. "Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, aclaro.
