La Corte Suprema de Justicia será la encargada de definir la aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audivisual, que hoy admitió la apelación presentada por el Estado Nacional contra el fallo en segunda instancia de la Cámara FederaL de Mendoza, que mantiene suspendida a la norma.
El tribunal resolvió de forma unánime abordar el tema y enviarle el expediente al procurador general de la Nación, Esteban Righi, para que el jefe de los fiscales se pronuncie sobre una cuestión medular: mantener o revocar la suspensión.
El proceso, que comenzó hoy con la admisión del recurso extraordinario presentado por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, promete ser extenso y no asegura la pronta puesta en vigencia de la norma a corto plazo. Es así porque hay otras demandas que también conllevaron a suspender la ley.
En caso de que tras el dictamen de Righi la Corte se pronuncie a favor de la aplicación, aún restará definir dos denuncias que frenan la norma: una total, de un juzgado federal de primera instancia en Salta, y otro, más reciente, que se ciñe sobre dos artículos de la ley, uno de ellos el de la "desinversión".
Entre los aspectos que la Corte debe resolver si el diputado opositor Enrique Thomas, quien presentó el recurso sobre el que se pronunció la Cámara Federal mendocina, estaba legitimado o no para llevar adelante esa acción.
