La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó hoy su respeto por la decisión de la Corte Suprema de Justicia al declarar constitucional la Ley de Medios, incluidos dos artículos objetados por el Grupo Clarín, aunque manifestó discrepancias con el fallo.
"Respetamos la resolución de la Corte pero no la compartimos, especialmente teniendo en cuenta el estado de la libertad de expresión en la Argentina, deteriorado a raíz de permanentes ataques del Gobierno contra las voces críticas e independientes", dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.
En un comunicado, la SIP evaluó que "la sentencia de la Corte, de hecho, habilita al Poder Ejecutivo a aplicar su objetivo político de desguazar el Grupo Clarín, limitando severamente sus márgenes de acción". Recordó también que los principales medios del Grupo "dan cabida a muchos periodistas críticos del gobierno de la presidente Cristina de Kirchner".
"Para la SIP, no es dable analizar esta sentencia fuera del contexto de permanente presión que el gobierno argentino ha aplicado por todos los mecanismos posibles sobre los medios y periodistas independientes o críticos", recordó el director del semanario Búsqueda de Montevideo (Uruguay).
Además, puso de manifiesto que el fallo llega "en medio de una situación de ahogo económico impulsado por el Gobierno contra la prensa independiente o crítica, mediante un manejo arbitrario de la millonaria publicidad oficial y la presión sobre los anunciantes privados para que no avisen en los medios que disgustan al oficialismo".
"En su sentencia, la Corte recordó, con acierto, que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución argentina consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que, sin su debido resguardo, existiría tan solo una democracia nominal", añadió el comunicado.
"También afirmó algo que la SIP comparte, respecto a que si hay concentración excesiva en los medios de comunicación de modo que sólo algunas ideas o informaciones lleguen al pueblo, se perjudica seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones, puesto que todos los monopolios u oligopolios, más si son públicos, son nocivos para la libertad de prensa", agregó.
En cuanto a la parte del fallo en el cual la Corte le asignó al Estado un papel "incuestionable" para la "protección activa" de la pluralidad, Paolillo manifestó que "también es incuestionable la realidad fáctica que muestra una fuerte concentración comunicacional hegemónica oficialista, con el descarado uso de los medios públicos para la propaganda gubernamental y la concesión de estaciones de radio y televisión a empresarios amigos del poder".
El comunicado agregó que "el Grupo Clarín ha advertido que, de aplicársele las restricciones previstas en la Ley perdería su equilibrio operativo y su independencia económica y editorial. 'Canal 13, Todo Noticias o Radio Mitre pueden sobrevivir y hacer periodismo crítico por el respaldo del Grupo Clarín', argumentaron sus responsables".
Paolillo señaló también que la Corte "pareció dejar entrever un temor o una inquietud y, a la vez, una advertencia a futuro" cuando dice que "ello no quiere decir que si en la etapa de la aplicación (de la ley) se afectara la libertad de expresión, hubiera una distribución discriminatoria de la publicidad o de los subsidios oficiales, la actora (el Grupo Clarín) no pueda ejercer sus derechos".
"Con un gobierno que ha demostrado su desprecio absoluto por las opiniones divergentes, que ha utilizado todo el poder del Estado para coaccionar e intimidar a aquellos que se atreven a discrepar y que hasta desconocen fallos tan legítimos de otro poder del Estado, es natural que estemos preocupados por cómo este mismo gobierno aplicará la ley de ahora en más", finalizó el periodista.
