La Justicia no sabe qué hacer frente al último fallo de la Corte Suprema, que el miércoles declaró la inconstitucionalidad de los nombramientos de conjueces y jueces subrogantes que no tienen acuerdo del Senado, como marca la Constitución. La Corte dio tres meses para que renuncien a sus cargos. El caso testigo que tomó el tribunal es el del juez federal electoral de La Plata, Laureano Durán, el magistrado que debe controlar las elecciones en la disputada provincia de Buenos Aires.
El fallo –festejado por jueces enfrentados con el Gobierno– alcanza a dos miembros del máximo tribunal penal, la Cámara de Casación, que asumieron por imposición del kirchnerismo en julio. Esos dos jueces, Roberto Boico y Norberto Frontini, tomaron una decisión clave el lunes: apartaron a su colega Juan Carlos Gemigniani de la causa del memorándum con Irán. Gemigniani iba a votar a favor de la inconstitucionalidad del pacto. Ahora los máximos jueces penales del país no saben si las decisiones de Boico y Frontini son válidas. El fiscal Raúl Pleé ya se prepara para pedir a la Corte que reponga a Gemigniani como miembro de la sala especial de jueces que debe decidir el destino del memorándum. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con las decisiones de estos conjueces?
Excarcelaciones, confirmaciones de sentencias de prisión, audiencias con acusados y casos sensibles como Hotesur y las coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa están en manos de estos conjueces. Sus colegas intentaron ordenar el tribunal y en las últimas 72 horas discutían qué hacer con los conjueces y las causas que comparten con ellos. A Casación, llegan todos los casos apelados en el país. Las decisiones se toman en salas de tres magistrados y se impone el criterio de la mayoría. ¿Cuánto vale ahora el criterio de un conjuez inconstitucional pero que tiene tres meses para dejar el cargo? Nadie sabía contestar esa pregunta ayer en los tribunales. Lo mismo sucede en el caso de Durán, el juez que controlará el ballottage en el distrito más caliente. Su nombramiento es inconstitucional para la Corte.
Hasta febrero, los conjueces y subrogantes sin acuerdo del Senado podrán ejercer. Ayer, aunque algunos jueces esperaban sus renuncias, Boico y Frontini se presentaron a las audiencias que tenían agendadas. En el caso Hotesur, podrían decidir si la causa contra la familia Kirchner debe ser enviada a la Justicia de Río Gallegos. Con respecto a las coimas en el Senado, deben convalidar o no la absolución de De la Rúa y compañía.
