Cristina Kirchner aún no puede sacarse de encima la acusación de traición a la patria. Familiares de las víctimas de la AMIA le pidieron ayer a la Justicia que envíe a la ex presidenta y senadora a juicio oral, junto con el resto de los procesados, pero no solo por el encubrimiento agravado por el pacto con Irán, sino también por la figura de traición.
El delito era el que había fijado el juez Claudio Bonadio cuando el 7 de diciembre ordenó las detenciones de CFK (quien no fue presa por sus fueros), de Héctor Timerman (con arresto domiciliario y ahora excarcelado) y del ex secretario legal y técnico Carlos Zannini (detenido en Ezeiza), entre otros imputados. Pero la Cámara Federal revocó esa figura, aunque dejó firme la acusación de encubrimiento, ratificó las prisiones preventivas y apuró que el caso fuera a juicio oral.
En ese marco, es que el juez Bonadio habilitó la feria judicial para llevar el caso rápidamente al banquillo: esta semana se presentó la DAIA con su pedido avalando ese juicio y ayer lo hicieron los familiares de las víctimas. Luego le tocará dar su dictamen al fiscal Eduardo Taiano y a todos los acusados.
Fueron los familiares de las víctimas los que pidieron reflotar la acusación de traición a la patria. Desde los primeros años de la investigación, los parientes de los 85 fallecidos han dividido su estrategia y su mirada sobre la causa AMIA y sus culpables.
En el caso del memorándum, solo dos víctimas se presenta ron como querellantes –Luis Czyzewski y Mario Averbuch–, mientras que otros se han sacado fotos apoyando a Timerman, en delicado estado de salud y aún con la prohibición de Estados Unidos a ingresar a ese país para someterse a un tratamiento médico.
En el escrito que presentaron ayer a Bonadio, los abogados Juan José Avila y Tomás Farini Duggan, querellantes en nombre de esos dos familiares, sostuvieron que “el memorándum fue el medio elegido para instrumentar el plan delictivo que el gobierno de Cristina Elisabet Fernández presentó, mediática y políticamente, luego de su firma y durante el trámite parlamentario, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA, cuando en verdad se procuraba favorecer a los acusados de nacionalidad iraní en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados”.
En sintonía con la denuncia que había hecho el fiscal Alberto Nisman antes de morir (hace exactamente tres años), los familiares denunciaron “el plan orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente” y otros funcionarios que “abusaron de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionando los intereses nacionales tradicionales e históricos”.
Aunque no haya habido una declaración de guerra ni tampoco el título de “enemigo” a los iraníes, la querella sostuvo que la ex mandataria y el resto de los procesados incurrieron en el delito de traición porque con sus actos “ayudaron a quienes con sus actos se han constituido en enemigos de la Nación Argentina”.
