El fiscal Sergio Mola retomó ayer la ronda de alegatos en el juicio por supuestas irregularidades en el otorgamiento de obra pública que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Tras rechazar los planteos para que se aparte de la causa, Mola se dedicó a un tema clave como lo fueron los anticipos financieros que el Estado le dio a Lázaro Báez.
Para el fiscal, esos anticipos fueron en detrimento del resto de las empresas que participaron de procesos de obra pública. “Hubo una discrecionalidad inadmisible y clara violación al principio de igualdad”, afirmó el funcionario judicial.
Para sustentar su exposición se apoyó en el análisis de varios de los 51 proyectos de obra. Describió las presuntas irregularidades entre las que subrayó un “esquema de beneficios permanentes” que se le entregaba a Báez, aunque “en realidad se estaba beneficiando a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner”.
En ese entonces, lanzó: “El sistema de corrupción estaba planificado por las máximas autoridades del país”.
Al volver sobre los anticipos financieros, Mola citó las declaraciones testimoniales de empresarios arrepentidos en la causa Cuadernos y sus dichos sobre el tema. Lo hizo para concluir que Austral Construcciones se llevaba fondos millonarios pero sin cumplir con plazos y prerrogativas previstas en el proyecto. “Se pagó por obras que nunca se hicieron”, dijo.
Sobre el final, le pidió al juez Gorini adelantar el cuarto intermedio y extender la audiencia más allá del horario límite de las 16.30. El magistrado rechazó el pedido y a la vuelta Luciani informó que cumplirán con el horario pautado.
Tras media hora de cuarto intermedio, los alegatos fueron retomados por Luciani, que avisó que reacomodaron la exposición para terminar puntual a las 16.30.
El fiscal del juicio situó la primera parte de su exposición en las obras que tenía Báez durante el 2011. “Eran 32 obras en simultáneo de las cuales 22 ya habían superado notablemente los plazos previstos para su terminación pero se le iban haciendo extensiones de plazo”, dijo.
También se refirió a la supuesta falta de control del Congreso Nacional de 17 de las 51 obras bajo estudio, que mencionó la vicepresidenta Cristina Kirchner.
No obstante, señaló además “severas inconsistencias” en aquellas que sí pasaron por el radar parlamentario.
“El encargado de elaborar los proyectos de presupuesto y el encargado de controlar su ejecución es el Poder Ejecutivo. Ahí aparece la primer falacia porque el que fija las metas del presupuesto es el Poder Ejecutivo”, dijo Luciani y agregó: “Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez. El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia”.
El fiscal recordó que en 2020 el Senado devolvió el Presupuesto para ese año porque las planillas de las obras públicas no contenían el detalle suficiente sobre los montos a ejecutar. “Esta rigurosidad que tuvo Cristina Kirchner en el Senado nos muestra el conocimiento real que tenía de esas planillas, lo que no hizo cuando era Presidenta con las obras que ganó Báez”, sostuvo.
El fiscal también analizó informes de la Auditoría General de la Nación sobre las obras en cuestión y concluyó que “Cristina Kirchner hizo caso omiso a las advertencias de los controles”.
