Para los jueces, “el vice participó con conocimiento y voluntad de los hechos reprochados logrando de esa manera obtener la inscripción registral del vehículo, dominio WYT716 a su exclusivo nombre”, según los fundamentos en los que sustentan la decisión.
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La resolución ratifica los procesamientos ordenados por el juez federal de primera instancia, Claudio Bonadio, que recrimina la supuesta responsabilidad delictual de Amado Boudou, su ex pareja Agustina Seguin, los gestores intervinientes y de Graciela Taboada, la titular del Registro Automotor donde se efectivizó el trámite. Taboada, fue quien denunció el hecho cuatro años después y quien cuatro años después de sucedido según la documentación obrante en autos.
"Resulta poco creíble que tal circunstancia hubiese pasado desapercibida para el imputado, más aún teniendo en cuenta que el trámite hubo de llevar casi tres años” agrega el mismo.
Los magistrados resaltaron que la intervención de Boudou "estuvo dada por el aporte de los datos necesarios para la confección de la documentación estando en conocimiento de las falsedades que en ella se habría de insertar".
"La actividad desplegada por el imputado, valorada desde la exigencia referida, deja de ser inocua como pretende", agregó el Tribunal.
"Aún receptando la delegación de tareas sugerida, es claro que la única finalidad buscada al encomendar las gestiones era la emisión del título y correspondiente cédula verde, en las cuales no sólo se encontraba consignado un número de motor que ya no le correspondía, sino que también figuraba como domicilio de su titular el de la calle Berón de Astrada 2708, que el propio imputado dijo desconocer", detalla el fallo.
Si bien la resolución podría ser apelada por la defensa del vice a cargo de los abogados Jacobo Grossman y Martín Magram, y revisada por la Cámara de Casación, Bonadio estaría en condiciones de elevar la causa a juicio oral. El primer proceso oral y público que podría enfrentar el vicebiprocesado durante el 2015 en pleno año electoral.
En tanto la Sala I de la Cámara Federal conformada por Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, una vez que se efectivicen las audiencias fijadas a partir del 7 de Octubre deberán resolver la situación procesal de Boudou y el resto de los procesados en la causa Ciccone.
Pesos y contrapesos. La situación procesal de Amado Boudou, mantendría enfrentados a parte del Gabinete de Gobierno, según explican altas fuentes judiciales.
La denuncia que impulsó cuatro años después la titular del Registro Automotor, Graciela Taboada, habría sido ordenada por el ministro de Justicia Julio Alak, de quien depende esa institución.
La iniciativa habría sido un acuerdo entre Alak y el titular del Registro Automotor a nivel Nacional a través de la subdirectora a cargo, Marcela Aballay.
En tanto, otras voces judiciales el resaltan que el impulso se habría generado a través de la Agrupación que lidera Máximo Kirchner, La Campora, a través del Subsecretario de Justicia Julián Alvarez.
En tanto, el Secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini, quien irrumpió en la Justicia Federal para “inducir” causas “sensibles”, lo haría a través de fiscales alineados con Justicia Legítima y operadores de la misma agrupación además de otros alineados a Ricardo Echegaray, titular de la AFIP.
Hechos. El 24 de enero de 2003 se presentó en el Registro Seccional de la Propiedad Automotor Nº 2 de esta Ciudad los formularios de transferencia, cambio de radicación y verificación vehicular del vehículo Honda. Boudou compró el vehículo en 1993 y no lo inscribió hasta diez años después, cuando surgen las irregularidades que ahora se investigan.
