Los problemas de Covelia, del exhorto de Suiza al crimen del country

La plana mayor de la empresa Covelia atraviesa el peor momento de la historia de la compañía. Ayer por la tarde el hijo del gerente Carlos Vázquez, de sólo 6 años, apareció ahogado en su casa de un barrio privado de San Vicente. La principal sospechosa es su mujer, Adriana Cruz, con quien estaba en pleno divorcio.

Pero eso no es todo lo que agitó a la compañía y al country San Eliseo. Hace dos años, Pablo Fabián González, por ese entonces de 19 años, fue detenido después de robar un auto y una camioneta y de disparar más de 25 tiros contra dos móviles policiales en la zona de Villa Barceló, en Lanús. Es el hijo de Marcelo Fabián González, directivo de la empresa.

Pablo fue acusado por “robo calificado por el uso de armas en poblado y en banda, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, homicidio en grado de tentativa, robos reiterados y portación ilegal de armas de guerra”. Al momento del arresto, el hijo del empresario tenía en su poder una pistola 9 mm Sig Sauer, valuada en 3 mil pesos, que la Policía confirmó era de su propiedad.

Empresa fuerte. Covelia es una compañía encargada de la recolección de residuos en gran parte del conurbano bonaerense, fuertemente vinculada al sindicato de los camioneros, específicamente a Hugo Moyano. Opera desde 2002 en los municipios de San Miguel, Merlo, Lomas de Zamora, Lanús, San Martín y Escobar.

La semana pasada, apenas un año después de que la justicia suiza reclamara datos sobre las causas abiertas contra Hugo Moyano, sus hijos y su familia en Argentina, el juez federal Norberto Oyarbide activó la solicitud. El magistrado envió una nota a las cámaras federales de todo el país pidiendo que se le informe si tienen causas que vinculen al líder de la CGT, cada vez más distanciado del gobierno nacional.

A mediados de marzo de 2011, la fiscal suiza María Antonella Bino, había reclamado esta información sobre el dirigente sindical y su familia después de que se congelaran fondos por 1.870.000 dólares en una cuenta de Ricardo Depresbiteris, dueño de Covelia y su mujer, Marcela Elvira Mete con la sospecha de un origen ilícito de esos fondos.

En un principio, Oyarbide pidió al país helvético que precise cuál era la norma que allí castigaba ese delito pero la Cancillería argentina, luego de varios cruces por los exhortos diplomáticos, entendió que faltaban precisiones.